Francisco Alcober fue el principal escribano y fedatario público de La Codoñera en el último tercio del siglo XVIII. Su actividad oficial estuvo siempre acompañada por la polémica. Como gestor de los repartos de la sal y de la contribución, fue multado. En 1782 fue acusado por Francisco Sanz de efectuar cobros excesivos, de favorecer con cargos públicos a ocho de sus parientes, de manejar irregularmente los libros, de sacar aceite de la pila para la venta y de amenazar a sus opositores con castigos corporales. Como interventor del pósito, había ocultado trigo.
El proceso tras la concesión del Villazgo
El 18 de febrero de 1782, Luis Siscar, Francisco Faci, Lorenzo Angosto, Juan Paricio, Pedro Bonfil y Francisco Velilla, a instancia de Pedro Sanz y Miguel Insa, pidieron el cese de los repartos de los gastos derivados de la concesión del villazgo de 1776, al considerarlos excesivos. El fiscal, en auto del 14 de junio, mandó devolver lo exigido de más en los dos últimos repartos y exigió las cuentas de lo repartido y cobrado a los vecinos. Además, permitió que se reuniese el Concejo General de Vecinos para dar a conocer el auto por el que se notificaba a Antonio Alcover de Joseph, Tomás Xisbert de Miguel, Miguel Faci de Bernardo y Joseph Paricio mayor-alcaldes, regidores y síndico personero de 1776- el cese de los repartos y la devolución del exceso cobrado.
Falsedades documentales
Los demandados se opusieron argumentando que el libro de actas había sido manipulado cuando ellos dejaron sus cargos en el ayuntamiento, y que su no asistencia a la reunión de 1776, en la que se acordó el segundo reparto, les eximía de esas obligaciones. En sede judicial, se demostró que el documento contenía un cobro del 14 de julio de 1776 que, en realidad, correspondía al día 19 de otro mes. Este estaba raspado y enmendado. Parece que, al escribano, después de empezar o escribir con letras anchas, le faltó papel y comenzó a apretar las líneas del reparto para no juntarlas con las firmas al pie del documento, que previamente había recogido en blanco.
En esa época, la contabilidad de un reparto de 5.000 libras entre los vecinos era una tarea muy complicada y requería casi un mes de cálculos. Sin embargo, en esa ocasión se hizo muy rápido y enseguida lo firmó el escribano, no apareciendo muchas de las firmas de los presentes que sabían escribir. El fiscal exigió que se presentara el documento y paralizó temporalmente las devoluciones a finales de 1782. Impuso una multa de 100 libras a cada uno de los componentes de los ayuntamientos, prohibió hacer repartos y condenó al escribano a dos años de inhabilitación, en una sentencia del 16 de noviembre de 1782.
El alcalde Joseph Faci y el escribano Francisco Alcover denunciaron, por vía criminal, a sus acusadores, Pedro Sanz y Miguel Insa, encerrándolos en la cárcel del lugar del 3 al 5 de mayo de 1783. Estos, una vez liberados, protestaron por el atropello sufrido y lograron una sentencia absolutoria de la Real Audiencia de Zaragoza, dictada el 27 de enero de 1786, que condenó al alcalde y al escribano a devolver lo cobrado por las costas del proceso-a las que no tenían derecho-, así como la devolución de las cantidades percibidas. Además, debían indemnizar con 6 reales de vellón diarios por cada día que estuvieron presos y asumir el pago de las costas procesales. La sentencia obligó a los componentes de los ayuntamientos de 1772 a 1786 a entregar las cuentas al Consejo de Aragón.
Encierro y misteriosa fuga del escribano
Mientras tenía lugar el anterior proceso, un nuevo caso salpicó la actividad del escribano. El 6 de enero de 1786, el alcalde Pedro Sanz de Thomás convocó, mediante pregón y bando público, a los vecinos en la sala capitular de las Casas del Ayuntamiento para elegir a los 24 vocales electos que participarían en el nombramiento del Diputado del Común de ese año. Se escogieron las personas que obtuvieron mayor número de voto, como se había hecho en años anteriores. A las 8 de la mañana, se aplazó la elección para el día siguiente. Entre los elegidos se hallaban Francisco Faci Xisbert, Pedro Sanz de Juan y Dionisio Funes; pero el escribano no los anotó en la lista definitiva, poniendo en su lugar otros tres nombres. Enterados del hecho, reclamaron, y el alcalde suspendió el acto y mandó al corredor(alguacil) encerrarlo bajo llave en la cocina del ayuntamiento.
El 21 de enero se descubrió la fuga del escribano de su encierro en la cocina, contigua a la sala principal del primer piso del ayuntamiento, a pesar de estar cerrada con llave y pestillo, según aseguró el corredor Contel. En las pesquisas practicadas, el maestro herrero Cristóbal Sanz y el carpintero Manuel Bartolí comprobaron que el cerrojo de la sala principal estaba corrido. La puerta interior que daba al corral estaba abierta y su cerradura de madera, forzada. Como el suelo estaba húmedo, las pisadas del huido quedaron marcadas y continuaban en el corral y la tapia siguiente, propiedad de su suegro Miguel Faci. También había desaparecido su ropa y el colchón. Como el escribano ya había cometido otros excesos, el alcalde mandó procesarlo y remitió el auto al alcalde mayor de Alcañiz. Luis Siscar declaró que el escribano había actuado irregularmente con los caudales públicos y que, años antes, había sido obligado a devolver ciertas cantidades de las contribuciones cobradas en exceso por actos a los que los vecinos tenían derecho, y por hacer pagar más trigo del que recogían del pósito sin anotarlo en los documentos. Fue multado, suspendido de sus funciones y se le siguió un proceso penal por el tribunal de Alcañiz. El escribano permaneció preso durante cinco meses, junto con algunos parientes y amigos suyos, por calumniar al alcalde de entonces. La Real Sala del Crimen le condenó a pagar la mitad de las costas procesales y fue apercibido de castigo corporal si reincidía. También fue inhabilitado de su cargo por dos años y condenado al pago de una multa de 40 escudos.
Continúa el proceso por el villazgo
En 1789, un auto confirmó la falta de permiso para efectuar más repartos. Al año siguente, el Consejo de Castilla, por medio del Conde de Campomanes, mandó que se cumpliera lo pedido por Pedro Sanz y Miguel Insa; pero la sentencia fue de nuevo recurrida. En 1791, el escribano Alcover presentó un escrito en el que negaba la acusación de haberse apropiado de 262 escudos del primer reparto. El 6 de noviembre de 1797, el contador de la Audiencia, tras analizar las cuentas de los gastos que ocasionó el villazgo, sentenció que los componentes de los aludidos ayuntamientos que devolvieran a los vecinos 3.983 libras y 16 sueldos. El proceso finalizó con la sentencia dada en Zaragoza el 25 de junio de 1799, que absolvió a los componentes de los ayuntamientos de 1772 a 1781, muchos de los cuales ya habían fallecido en esa fecha. Como podemos deducir de la lectura del texto, no hay nada nuevo bajo el sol a pesar de haber transcurrido más de doscientos años de los sucesos descritos.
Articulo publicado en el programa de fiestas de San Cosme y San Damián del año 2025.
No hay comentarios:
Publicar un comentario