jueves, 14 de diciembre de 2023

LA CARRETERA MILITAR DE MONROYO A ALCAÑIZ

 



    Durante la primera guerra carlista los mandos del ejército liberal se quejaron de las enormes dificultades que tuvieron para llevar los transportes de vituallas y los trenes de artillería a través del abrupto relieve del Maestrazgo. Cuando sólo se trataba de pequeñas columnas, al igual que les pasaba a los carlistas, se anduvo por senderos y caminos de herradura; pero cuando se plantearon los asedios a las plazas fuertes, principalmente a la de Morella, hubo que habilitar los caminos para adaptarlos a las nuevas necesidades. En la Guía General de Correos del año 1830, se mencionan los itinerarios que comunicaban mediante carruajes, las ciudades de Alcañiz y Monroyo, cuya distancia es coincidente, 11 leguas. El primer itinerario iba por Monroyo: de Alcañiz a Valdealgorfa había 2 leguas, otras 2 a Belmonte y 2 más a Monroyo, 2 más a La Pobleta de Monroyo y 3 hasta llegar a Morella. El otro camino era por Calanda: 3 leguas a Monroyo, 2,5 hasta Aguaviva y 5,5 más para Morella.

    En julio y agosto de 1836, el general Marcelino Oraá empleó el camino de Castelserás a Torrevelilla, la Cañada y La Cerollera para llevar su tren de artillería y suministros al sitio de Morella. Luego, tras fracasar el asedio, tuvo que retirarse por el mismo camino. Cabrera movió su limitada artillería contra Calanda y Alcañiz, empleando el esfuerzo de los prisioneros liberales a quienes obligó a trabajar en la carretera de Morella, camino que luego se vio en la necesidad de destrozar para evitar que fuera empleado por sus enemigos. Espartero, con un ejército mucho más numeroso. empleó a los ingenieros militares para suavizar las fuertes del camino de Morella en la primavera de 1840, al tiempo que situaba fuerzas en Valdealgorfa y en las ermitas de Fórnoles y de La Consolación para proteger el paso de los convoyes.

    La carretera de Aragón ha recibido diferentes nombres con el paso del tiempo, Camino de Monroyo (1839), Camino de Aragón (1840), Carretera del Maestrazgo (1840), Carretera de Castellón (1852), Carretera de Morella (1852), etc. En julio de 1840, el diputado aragonés Ramón María Temprado, planteó la necesidad de construir un camino militar que evitara los males que habían sufrido en la última guerra para ir desde Castellón de la Plana por Morella hasta Zaragoza. Se proyectaron dos carreteras, una de Morella a Vinaroz, que fueron publicadas en la Gazeta de Madrid del 2 de enero de 1842. Entre 1846 y 1849 surgieron nuevas partidas carlistas en el Maestrazgo (Segunda Guerra Carlista). El general Villalonga, consciente de las dificultades para moverse por la zona, fue uno de los principales impulsores del proyecto de carretera entre San Mateo y Alcañiz. Las obras comenzaron el 15 de febrero de 1847 por el tramo entre Sant Mateu y Morella, dirigidas por los ingenieros militares José Gómez Ortega y Tomás Enguinados, lo que permitió dar empleo a varios centenares de jornaleros sin trabajo y evitaron así alteraciones del orden público. La Revista Militar de octubre de 1848, se interesaba en habilitar un camino militar de Morella Alcañiz por: el Estrecho de Portes, La Pobleta de Monroyo, Monroyo, ermita de la virgen de la Consolación, Venta de la Ramona, barranco de Val de Luna, Virgen de Fórnoles, Valdealgofa, masía de Blanca, Cruz de los Moros y Alcañiz. Una de las principales dificultades del trazado era el barranco de Luna, por su fuerte pendiente que debería suavizarse por la falda de la montaña. Luego el camino seguía muy llano por la divisoria de aguas entre los ríos Mezquín y Matarraña. Opinaban los ingenieros, que este camino era preferible a la alternativa de ir por La Cerollera, la Venta de la Cañada y Castelserás. Existía un tercer itinerario que iba por el antiguo camino de La Cerollera por Belmonte, La Codoñera y Torrecilla. Sin embargo, estas dos últimas alternativas, aunque salvarían el obstáculo del barranco de Luna, obligaban a pasar por el barranco del Moro o por el barranco de La Mina, atravesando un terreno muy áspero, y a renunciar al buen camino que se venía después del Barranco de Luna hacia Alcañiz, que al igual que los demás, había sido recompuesto por Espartero. Por la vía propuesta, el tiempo necesario para ir de Morella a Alcañiz, se reducía a 15 horas. En 1847 se trabajaba en el camino de Castellón a Alcañiz, a cargo del coronel de ingenieros Tomás Lopera. El 14 de enero de 1852, una Real Orden declaró de primer orden a la carretera de Castellón a las Ventas de Valdealgorfa. En 1852 se publicó el Itinerario Topográfico de Castellón a Alcañiz y de Vinaroz a San Mateo, por los capitanes Vicente Alcalá del Olmo y Carlos Prendergast, del Cuerpo del Estado Mayor.

    En el segundo semestre de 1855 estaban trabajando en el trozo de carretera que finalizaba en Monroyo, 11 brigadas, 10 sobrestantes alistadores, 70 capataces, 2 carpinteros, 2 herreros, 1.434 peones y 7 canteros, auxiliados con 6 carros y 9 acémilas. La carretera se ajustó al terreno escarpado que evitó el transporte de tierras, aunque a costa de forzar el trazado a numerosas curvas. En junio de 1859 se subastó el tramo de carretera entre Monroyo y el límite de provincia, último que faltaba. La carretera de Castellón a las Ventas de Valdealgorfa, fue declarada de primer orden por Real Orden de 14 de enero de 1852, pero el Plan General de Carreteras de 1864 la declaró carretera de segundo orden.

    Según el Itinerario Descriptivo Militar de España, publicado en 1846, la distancia entre Morella y Alcañiz era de 70,5 Km dividida en tres etapas de marcha ordinaria. La primera hasta Monroyo de 31,5 km, la segunda hasta Valdealgorfa de 29, 5 km y la tercera de 9,5 km hasta Alcañiz. Desde Monroyo, el terreno descendía lentamente y a los 8,5 km cruzaba el barranco de Val de Luna, para ascender con fuerte pendiente y salvar en 10 km las alturas que limitaban el curso del barranco. El descenso era más suave por un terreno cortado por gran número de barrancos que desaguaban en el río Guadalope. A 16,5 km a la derecha, se pasaba por la ermita de Ntra. Sra. de Fórnoles. La carretera corría por un terreno ligeramente ondulado hasta el km 29, 5 donde enlazaba con la de Alcolea del Pinar, y luego por ella hasta Alcañiz.

    Los temporales estropeaban el camino al cortar puentes y alcantarillas. Al inicio de la Tercera Guerra Carlista, a finales de noviembre de 1873, el capitán general de Aragón, no pudo pasar de Monroyo con su artillería rodada por el mal estado de la carretera y las espesas nieblas que ocultaban las montañas. Los carlistas bloquearon, en 1874 y 1875, la plaza de Morella. Desde Alcañiz los convoyes enviados debían remontar el barranco de Val de Luna, donde la partida volante del Seco de las Parras estaba permanentemente instalada y registraba a los viajeros exigiendo un peaje. En los meses de abril y mayo de 1874, Cucala desde Valjunquera dominaba el tránsito entre Monroyo y Alcañiz. En septiembre del mismo año, destrozaron los puentes y alcantarillas de la carretera y entre Monroyo y La Pobleta se abrieron zanjas y trincheras para impedir el paso de los carros. En mayo de 1875, el alcalde de Castelserás fue obligado por los carlistas a mandar 80 hombres y 20 caballarerías para destruir los puentes y obras de la carretera de Morella en el paraje de la Val de Luna, labor que prosiguieron en La Pobleta, pero no pudieron evitar el paso del convoy de socorro del general Despujols, a pesar de lo expuesto del terreno

    En los primeros años de la década de 1900, los carruajes tirados por mulas empezaron a se sustituidos por vehículos a motor, que causaban espanto entre los viajeros ante el estado de la carretera con sus precipicios y fuertes pendientes. Durante la Guerra Civil, a finales de marzo de 1938, el frente de guerra entre las tropas republicanas de Líster y Tagüeña, y el C.T.V. italiano, se estabilizó durante dos semanas a lo largo de esta carretera, frenando el avance de las tropas franquistas hacia el mar y consiguiente división del territorio republicano. La carretera fue bombardeada por la aviación italiana, principalmente los nudos de las Ventas de Valdealgorfa y Fórnoles. La ocupación del estratégico cruce de Las Ventas, procedida de intensos combates, obligó a los republicanos a mover sus fuerzas por la carretera de Fuentespalda. También forzó a los refugiados que huían del paso del frente en dirección a Cataluña a marchar hacia Castellón y Valencia. Entre 1945 y 1953, los maquis venidos de Francia aprovecharon esta vía para internarse en el Maestrazgo. Como resultado del enfrentamiento, las autoridades militares forzaron el abandono de las masías y ventas que jalonaban la carretera. Se repetía el mismo esquema de actuación empleado desde el final de la primera guerra carlista, con la diferencia de que éstas ahora ya no volverán a ser habitadas.

    Desde 1900 se empezó a trabajar en la adaptación de la carretera a necesidades de los nuevos tiempos. Tras 25 años de incidencias, en 2019 se inauguró oficialmente, reduciendo el tiempo empleado para viajar a de Alcañiz a Morella a unos 40 minutos frente a los 60 minutos anteriores a las obras. La construcción del viaducto de Val de Luna, con sus 800 metros eliminó 17 curvas peligrosas, causa de muchos accidentes. La mejora de la movilidad abre nuevas posibilidades económicas y turísticas para la región, aproximándola al Mediterráneo y suprimiendo el aislamiento que durante siglos padeció.



        Artículo publicado el revista Compromiso y Cultura nº 108

martes, 10 de octubre de 2023

LA VERDAD, ÚLTIMA NOVELA DE MOLINS

 


   " La Verdad" como título de la novela y subtítulo "El Crimen Fantástico de Castelserás", nos narra un suceso basado en hechos reales ocurridos en el año 1909. Se podría considerar el Crimen de Cuenca Aragonés. El hecho tuvo una gran repercusión mediática y un fuerte impacto social. Apareció en muchos periódicos de la época y se representó en una obra de teatro en Madrid en el año 1919. La obra se desarrolla a partir de cinco crónicas publicadas en el periódico Heraldo de Aragón.

    Todo empezó por una flauta. La disputa se desencadenó al negarse el joven Antonio Moliner a devolver el instrumento al director de la banda municipal de Castelserás, tras abandonar la orquesta. Las amenazas de muerte proferidas por su padre, en medio de una acalorada discusión con el maestro de música y la posterior e inexplicable desaparición de éste, desataron en el pueblo un gran conflicto social.

    La novela refleja el ambiente de la época, donde las autoridades muestran el duro caciquismo dominante y el manejo de la gente en su provecho. Las fuerzas del orden sólo fueron capaces de arrancar la confesión a los encausados a base de golpes y torturas. Las propias gentes del pueblo, ignorantes y manipuladas, fueron propensas a tomarse la justicia por su mano. Todo ello, se nos cuenta a través de los ojos de un cura que intentó buscar la verdad, apaciguar los ánimos y evitar que la peligrosa situación social no estallara con consecuencias imprevisibles.

    En la obra se pone de relieve la difícil y compleja situación social que atravesó el país y especialmente el Bajo Aragón, a finales del siglo XIX y principios del XX, con las cicatrices aún abiertas de las guerras carlistas y la pérdida de las últimas colonias en 1898, junto a la falta de perspectivas de desarrollo y modernización, y sobre todo del caciquismo que condenó a mucha gente a la miseria o a la emigración para poder vivir dignamente.

    El regeneracionismo impulsado por Joaquín Costa, que visitó varias veces el Bajo Aragón, apoyado localmente por figuras como Juan Pío Membrado de Belmonte, surgió para intentar paliar el descontento social y tratar de poner remedio a la decadencia.

Comentario literario

    El libro se estructura en tres partes:

    Primera parte- Introducción: marco histórico, social, costumbres, presentación de personajes, marcha a Castelserás.

    Segunda parte- El conflicto- Enfrentamiento de Antonio y su padre con José Sancho Casanova, director de la banda de música. -Desaparición de éste último personaje. Detención de Antonio y su padre.-Inesperada solución final

    Tercera parte-. Fuentes, documentos en los que se basa la novela: artículos del ABC y del Heraldo de Aragón.

Estilo

    -Abundantes descripciones: fachadas de las casas, vestidos, comidas y útiles de labranza.

    -Cuadros de costumbres: la bendición de campos, la matanza del cerdo, la búsqueda de cangrejos, las hogueras de San Sebastián.

    -Retratos de los principales personajes: se nos muestra tanto los rasgos físicos como su mentalidad y psicología.

    -El diálogo: alterna continuamente narración y diálogo. Muchos sucesos los conocemos a través de las conversaciones de los personajes.

    -El lenguaje poético: cada capítulo acaba con unas líneas de poesía en prosa. Las descripciones y los sentimientos se expresan con frases poéticas frecuentemente.

    -La prosa se va entrelazando con refranes, frases hechas y palabras del habla local. Todo ello da frescura al lenguaje.

    -Intensa tensión dramática: 

     Ésta se dispara de golpe y de forma inesperada tras la desaparición del director de la banda: acusaciones falsas, motín popular, brutalidad policial, confesión forzada. Nada parece tener solución. Climax de la novela.

    Distintos sucesos inesperados llevan a la solución final. Anticlimax: encuentro con el muerto resucitado. Intervención del juez. Libertad.

    La novela se cierra de forma circular ya que los personajes volverán a probar fortuna en otro pueblo, esta vez Calanda.


    Artículo publicado en la revista Compromiso y Cultura nº 106.


lunes, 9 de octubre de 2023

RAFAEL GISBERT CATALÁN, JUEZ Y ALCALDE DE ALCAÑIZ

 


    Rafael Gisbert nació en Castelserás en el seno de una familia de propietarios rurales, fue el mayor de tres hermanos, uno de ellos, Antonio fue alcalde de Castelserás. Obtuvo su título de abogado el 2 de octubre de 1865 y ejerció la profesión hasta noviembre de 1868.

    La Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial, reguló las condiciones de acceso y ascenso en la Carrera Judicial. Los aspirantes a la judicatura debían ser Licenciados en Derecho, mayores de 23 años y superar un examen ante la Junta Calificadora, en Madrid. Los declarados aptos se integraban en el Cuerpo de Aspirantes. La Audiencia respectiva nombraba entre ellos a los jueces Municipales, Suplentes o Sustitutos. Un año más tarde, los Presidentes de las Audiencias elevaban el informe ante la Junta Calificadora y se nombraban los jueces a medida que se producían las vacantes. Sin embargo, los frecuentes vaivenes de la política de estos años permitían contar con avales suficientes para el acceso a la judicatura, prescindiendo de las cualidades del candidato.

    Rafael Gisbert fue nombrado Juez de Paz de Castelserás, por orden del regente de la Audiencia de Zaragoza, el 10 de diciembre de 1868, por un período de tres años. Luego fue Promotor fiscal de Alcañiz y de Híjar, donde permaneció hasta agosto de 1871 en que se declaró cesante a voluntad propia. En febrero de 1877, fue elegido concejal del ayuntamiento de Alcañiz. Ese mismo año se le nombró Promotor fiscal de Sos del Rey Católico y en el mes de julio, Promotor fiscal de Puigcerdá, cargo en el que estuvo hasta el 29 de enero de 1880, en que pasó a Valderrobres.

    Por R.O. del 23 de junio de 1881, ascendió a Juez de primera instancia de Mora de Rubielos, donde permaneció hasta el 3 de noviembre del mismo año en que fue trasladado a Huéscar y el 1 de diciembre a Torrente. El 20 de febrero de 1882, fue destinado a Morella donde intervino en el asesinato de dos guardias civiles y de un recaudador, suceso ocurrido en el camino de Castelfort a Tortosa en diciembre de 1882. El 3 de julio de 1883, regresó a Alcañiz como secretario de la Audiencia de lo criminal. El 30 de mayo de 1885, volvió a Morella. Desde el mes de febrero de 1889 hasta el mes de agosto de 1890, estuvo destinado en el juzgado de Inca en Mallorca y luego en Granollers, donde actuó en un caso de expedición de moneda falsa. El 12 de febrero de 1892, permutó su plaza por la de primera instancia de Caspe. En su nuevo destino estuvo sometido a fuertes tensiones. Dictó el expediente de apremio contra los bienes de los alcaldes de Fayón y de Chiprana por utilizar indebidamente los pastos y leñas de los montes comunes.

Amenazas contra el juez

    El calandino Juan José Gasca, diputado liberal por el distrito de Valderrobres en el año 1891, volvió a presentarse a las elecciones en 1893. En el distrito de Alcañiz quiso poner, a un hombre de su confianza, Augusto Comas Blanco, que aunque desconocido por el electorado, se valoraba su amistad con el ministro Miguel Villanueva y el apoyo del gobierno, frente al conservador Ripollés. El 17 de febrero de 1893, llegaron a Alcañiz, Gasca y su candidato ministerial Sr. Comas, para recorrer los pueblos y atraer el voto de aquellos poco inclinados a darle su voto, y como escribió la prensa, "...recomendar al encargado de la máquina electoral, la conveniencia de sujetar algún tornillo para ver de hacer doblar la cerviz o algún santón enemigo, que por lo visto los hay muy finos a pesar de las llamadas para asuntos de interés por el citado encargado".

    El 25 de febrero, el Diario de Zaragoza y el Diario Mercantil de Zaragoza publicaron una carta a Gasca, que había sido publicada el 25 de enero por el periódico conservador madrileño La Época. En ella, el exdiputado amenazaba al juez con futuros destinos itinerantes si no controlaba la indisciplina de sus hermanos en Castelserás, en los futuros comicios.

    La prensa zaragozana criticó las amenazas de traslado vertidas en la carta contra el juez y llamaba la atención del ministro de Gracia y Justicia, Montero Ríos, para que "...procediera en desagravio de la justicia amenazada", y para que el Ministerio Fiscal "...ejercite la acción que corresponde contra el que abusa de su poder o de su influencia".

El juez sancionado y trasladado

    La Audiencia abrió diligencias y poco después, la Sala de Gobierno impuso al juez, una corrección disciplinaria de suspensión de empleo y sueldo durante tres meses y pidió su traslado a otro destino alejado de Caspe y su entorno "para que pueda regenerarse y regenerar el prestigio de los Tribunales". Por R.O. de 22 de mayo de 1893, fue trasladado a Villanueva y la Geltrú. El periódico alcañizano publicó la noticia.

    El 13 de diciembre de 1893, como juez de primera instancia de Vilanova y La Geltrú, pidió ser declarado excedente. El diario barcelonés El Comercio, destacó su carácter recto y lo calificó de "buen juez".

Nuevos destinos

    El 12 de enero de 1894, abrió un bufete de abogado en Alcañiz en la calle Alejandre, donde residía. Un año más tarde, el 22 de junio de 1895, fue nombrado juez municipal de Alcañiz. El 6 de septiembre de ese mismo año, fue nombrado, en comisión de servicios, juez del partido de Dolores en Alicante. En 1896 desempeñó el juzgado de instrucción de Alcañiz, por indisposición de su titular, interviniendo en las diligencias por el asesinato de Eduardo Torrillas. A primeros de marzo de ese año, Rafael Gisbert publicó en el periódico alcañizano La Lealtad, unas notas que fueron consideradas por Juan José Gasca. Sus partidarios respondieron con otra carta en la que reprobaban los conceptos vertidos por el juez. Pero en un tono más suave, consideraban que éste estaba persuadido de las noticias y rumores en que había basado sus juicios, los cuales no tenían fundamento y que por ello no afectaban a su honor dando por zanjada la cuestión. El 3 de junio, el Senado discutió sobre la aptitud legal del senador electo por la provincia de Teruel, Juan José Gasca, quien al mismo tiempo, era consejero de la Compañía del Ferrocarril de Zaragoza al Mediterráneo. Unos días después, juró su cargo de senador. Rafael Gisbert se jubiló de juez el 18 de enero de 1897, tras 27 años, 1 mes y 12 días de servicio.

Alcalde de Alcañiz

   El año 1897 fue particularmente agitado en Alcañiz, con la paralización del comercio y la crisis agrícola, que obligó a tener de forma permanente una compañía de ejército. La situación se agravó cuando en el mes de diciembre, el gobernador obligó a dimitir al alcalde Francisco Sales y a todo el consistorio municipal. En julio de 1898, era teniente de alcalde de la ciudad. El 14 de junio de 1900, estuvo presente en la reunión que trató sobre la petición de construir el embalse de Santolea y sus canales de riego y fue uno de los firmantes de la carta que publicó al día siguiente el Mercantil de Zaragoza. En 15 de marzo de 1901, dimitió el alcalde Jerónimo Blasco y los liberales propusieron a Rafael Gisbert, abogado en ejercicio. El 26 de marzo, fue nombrado alcalde presidente por Real Orden. Sin embargo, una parte del Ayuntamiento no lo aceptó por la contradicción entre la fórmula de su nombramiento por "real orden" y sus ideas republicanas. Rafael Gisbert declaró desde el principìo su resolución de no tomar posesión del cargo si no se cumplían determinadas condiciones. En las actas anteriores a la fecha de la real orden (por enfermedad de Gerónimo Blasco) y en las posteriores figura como "alcalde ejerciente" (alcalde en funciones). Por Real Orden del 20 de abril de 1901, le fueron admitidas las objeciones presentadas. El 22 de enero de 1905, estalló en Alcañiz un fuerte motín contra el impuesto de consumos, en lo que intervinieron fuerzas del ejército. Unos meses más tarde, Rafael Gisbert fue elegido alcalde presidente en la votación celebrada en la sesión del día 7 de junio de 1905 hasta el 1 de enero de 1906, volviendo a ser nombrado alcalde, hasta su renuncia en la sesión celebrada el 29 de mayo de 1909. Rafael Gisbert falleció en Alcañiz el 19 de febrero de 1916.

     Artículo publicado en la revista Compromiso y Cultura nº 103


sábado, 10 de junio de 2023

LA FORZADA DIMISIÓN DEL ALCALDE DE ALCAÑIZ EN 1897

 


    El 4 de octubre de 1897, el liberal Mariano Mateo-Sagasta fue encargado de formar nuevo gobierno. Poco después fueron sustituidos los gobernadores civiles nombrados por el anterior gobierno conservador. Las siguientes elecciones para diputados a Cortes tendrían lugar a finales de marzo de 1898. El gobierno propuso como candidato encasillado al cunero Comas Blasco, pero era preciso convencer a los electores empezando por los alcaldes de las principales poblaciones que no eran afines. La pedagogía empleada consistía en llamar a los alcaldes para que se presentaran en el gobierno civil y plantearles su dimisión bajo amenaza de fiscalizar las cuentas ordinarias del municipio que presidian generalmente deficientes.

Los personajes

    Por R.O. el 26 de junio de 1897, Francisco Sales había nombrado alcalde del ayuntamiento de Alcañiz y tenía a Antonio Broc como teniente de alcalde. El ministro de la Gobernación era Trinitario Ruiz Capdepón, quien por tercera vez ocupaba este cargo. El 12 de octubre de 1897, Francisco Galán Castillo fue nombrado gobernador civil de Teruel, sustituyendo a Joaquín Velasco Rodríguez de Vera, abogado conservador nombrado por Cánovas del Castillo.

     El 20 de octubre, una comisión del Ayuntamiento de Alcañiz, compuesta por Francisco Sales, alcalde; Antonio Broc, primer teniente de alcalde, y Manuel Delgado, secretario de corporación municipal, marchó a Madrid para gestionar asuntos de la ciudad, entre ellos los problemas que había en la línea del ferrocarril de Val de Zafán.

 Amenazas al alcalde

    A finales de noviembre se presentó, en Alcañiz, el diputado provincial Francisco González, que entregó al alcalde una carta del gobernador para que dimitiera de su cargo y en el supuesto de no hacerlo, "usarían medidas de rigor". El alcalde respondió que por hallarse enfermo no podía desplazarse a la capital. El 22 de noviembre salió de Zaragoza una compañía de soldados del regimiento del Infante con destino a Alcañiz. Periódicamente, había una compañía que era relevada por otra para colaborar con las fuerzas de la Guardia Civil en el mantenimiento del orden, ya que el fraude por el precio del pan, la carestía y falta de trabajo por la paralización de las obras públicas, hacían temer posibles alborotos.

    El día 11 de diciembre, el gobernador envió un telegrama al alcalde de Alcañiz reclamando su presencia en el Gobierno civil.

    Al día siguiente, recibió otro telegrama amenazante que reiteraba la orden de presentarse: "Si en todo el día de mañana no recibo telegrama participándome su salida, daré orden sea sea conducido inmediatamente a este gobierno civil". El alcalde Manuel Sales excusó su presencia alegando hallarse enfermo. El gobernador le obligó a dejar el cargo en manos del primer teniente de alcalde y a que diariamente le mandara un certificado médico con el estado de la enfermedad. El alcalde en funciones, Antonio Broc, para evitar un conflicto que alteraría el orden público, dirigió un telegrama al ministro de la Gobernación, en la que calificaba de intolerable el atropello sufrido por el alcalde. Confiaba el edil, en que el ministro calmara al gobernador y evitara el desplazamiento del alcalde, al tiempo que reprobara su comportamiento autoritario.

    El periódico La Época, órgano del partido conservador, calificó de abusivos  los actos similares cometidos por los gobernadores por los gobernadores liberales en sus respectivas provincias, cuya inspiración atribuían al ministro de la Gobernación, sometido a la presión de los candidatos y caciques. Advertía de que las extemporáneas amenazas del gobernador de Teruel, podían degenerar un conflicto de orden público. Los ejemplares del del periódico Diario de Zaragoza del día 21 con el artículo "El gobernador de Teruel y el alcalde de Alcañiz" se agotaron en poco tiempo.

    El gobernador envió, sin avisar, a un delegado para inspeccionar la administración municipal alcañizana, con dieta de 15 pesetas a cargo del ayuntamiento. Por la ciudad, se esparció el rumor  que la Guardia Civil tenía orden de vigilar la casa del alcalde y apresarlo en cuanto saliera a la calle. En una reunión extraordinaria del Ayuntamiento, el delegado gubernativo explicó que su misión era buscar dimisiones o en caso contrario, procesar a los componentes de la corporación municipal. El alcalde dimitió. Pero como el gobernador persistiera en su actitud, al anochecer se reunió el Ayuntamiento con representantes de los partidos conservador, fusionista, carlista, federal y acordó la celebración de una manifestación para el día siguiente con el cierre de todas las tiendas de la ciudad.

 La manifestación del día 26

    A las 11, 30 se concentraron unas 2.000 personas que en manifestación ordenada recorrió las principales calles de la ciudad, presidida por por una pancarta llevada por los jefes de los partidos políticos representados en Alcañiz, Jerónimo Blasco, Díaz, Segura, Julián de Santapau y otros. El lema escrito en ella decía: "En defensa del derecho de Alcañiz a dirigir sus destinos, afirmamos nuestra adhesión al Ayuntamiento y nuestra protesta contra los políticos perturbadores". Frente a las gradas del ayuntamiento, hablaron: el jefe de los conservadores de Alcañiz, Jerónimo Blasco, sobre el ultraje cometido; el jurisconsulto Santiago Contel, antiguo republicano; y el carlista Pascual Aguilar, quien a pesar de oponerse al sufragio, dijo que solo haría uso de él para oponerse a los propósitos de la primera autoridad civil de la provincia . A la una del mediodía, terminó el acto sin que se produjera una contramanifestación por parte de los grupos disidentes concentrados junto a la iglesia. En la prensa, no se alude a gritos de contenido social durante la manifestación, a pesar de las dificultades del momento.

    La prensa conservadora y la independiente defendieron la posición de la corporación municipal. Se recordó, que el ministro de la Gobernación había prohibido a los gobernadores mandar delegados a los pueblos para investigar su administración para no coaccionarlos. Además, en el caso de Alcañiz, no había deuda municipal, disponía de una gran cantidad de trigo en los pósitos y en las arcas había de 12. 000 duros. Tampoco adeudaba dinero a los maestros de las escuelas de primera enseñanza (caso muy frecuente en los ayuntamientos de esos años, motivo que era usado para multar y destituir a los alcaldes de los pueblos opuestos a la política del gobernador). El alcalde fue nombrado por el jefe del Gobierno y ahora, el distrito no aceptaba la imposición de un candidato cunero bajo amenaza. La Época habló de los excesos de la política fusionista, al tratarse de una administración modélica en España, al tener cubiertas todas sus obligaciones.

    El Diario de Avisos de Zaragoza del 27 escribió que el alcalde había enviado su dimisión hacía tres días. Calificó el hecho de: "Acto arbitrario que merece graves censuras tratándose de quien lo ha ejecutado, que no es un personaje más o menos influyente de la provincia de Teruel, sino el propio gobernador. la representación del Gobierno con todos sus recursos y medios oficiales, con todos los vislumbres de la aristocracia y los recuerdos del cesarismo, con todos los abusos de poder y todas las más funestas corruptelas que tienden directamente a convertir en autómatas al cuerpo electoral, a quitar espontaneidad a las manifestaciones de la opinión pública y ...". Censuró al ministro de la Gobernación por tolerar con su silencio estos males que podían ocasionar violencias en el futuro, y añadía  que, "...En vísperas de las elecciones, las conferencias de los alcaldes con los gobernadores en los despachos de estos, tienen por experiencia añeja los caracteres de una imposición que humilla más a quien la aprovecha que a quien la sufre".

    Los liberales de Alcañiz, por medio de Aturo Serrano, respondieron con otra carta dirigida a los periódicos El País y Heraldo de Aragón, en la que rechazaban todo vínculo con los manifestantes, acusando a los carlistas locales de levantiscos, dispuestos a preparar un nuevo levantamiento como el ocurrido el año anterior en Castelnou mientras los carlistas alcañizanos les manifestaban su apoyo por las calles. Justificaban de este modo el comportamiento previsor del gobernador, que cuando tuvo conocimiento de la posible repetición de estos hechos, llamó al alcalde para recordarle que cumpliera con la ley de orden público y evitara las sanciones gubernativas. Respecto a la carta enviada por el teniente de alcalde al ministro, decían que fue escrita por un reconocido carlista, miembro de un ayuntamiento que no era adicto al Gobierno, con 7 concejales conservadores, 7 carlistas y un demócrata, por haberse retirado los liberales en la últimas elecciones. Calificaba de falsa la enfermedad del alcalde, pues había paseado por las calles durante la manifestación sin quejarse. En las últimas elecciones generales, los liberales superaron a los carlistas en 130 votos y en las elecciones a diputados, los carlistas fueron derrotados. Recomendaban más diligencia en la represión de orden público. La manifestación tuvo carácter conservador, jaleada por los carlistas. Descalificaba las supuestas amenazas del alcalde y criticaba la gestión del ayuntamiento, pues al inicio de su mandato, la renta de consumos tenía un superávit de 4.000 pesetas y ahora el déficit superaba los 10. 000.

    El día 30, La Alianza Aragonesa. periódico liberal vespertino arremetió contra los jaleadores de la manifestación, que consideraban un fracaso, que a pesar de haber elegido un domingo, y por ende, segunda Pascua de Navidad, no habían concurrido a la manifestación más que 2.000 protestantes en una población de 12. 414 habitantes. La Correspondencia de España, se sumó a las críticas  contra los manifestantes, que calificó de exigua, a la que acudieron elementos conservadores, que en aquel país siempre vivían en íntimo consorcio con los carlistas, que fueron los organizadores, para proteger al Ayuntamiento donde los carlistas gozaban de la mayoría, contra las medidas del gobernador.

    Antonio Broc respondió a las descalificaciones de la carta de los liberales, negando la agitación carlista y que el gobernador, al obligar a dimitir al alcalde y concejales, fue porque convenía a la candidatura del cunero Augusto Comas Blasco, rechazando la opinión pública representada por todos los partidos políticos de la población. Negó la la supuesta complicidad del ayuntamiento en los sucesos de Castelnou y su pertenencia al  partido carlista. Su candidatura como concejal fue propuesta en una candidatura de coalición en las últimas elecciones por el representante político de la ciudad, el liberal Juan José Gasca. Tampoco era cierto que el ayuntamiento fuera de mayoría carlista y que el retraimiento de los liberales en las últimas elecciones municipales se debió al miedo a sufrir una derrota vergonzosa.

Retorno a la normalidad

    El 11 de enero, la prensa volvió a publicar nuevos excesos liberales ocurridos en otros pueblos del distrito de Albarracín, como Barrachina, donde el alcalde era enemigo del cacique liberal que al mismo tiempo era diputado provincial, el cual fue obligado a dimitir por el gobernador que le impuso dos multas de 500 pesetas. El Diario de Zaragoza comparó a Teruel con el Riff, por el incumplimiento de la normativa municipal. El 4 de enero el gobernador había nombrado un nuevo ayuntamiento, presidido por el liberal Arturo Serrano, periodista y director del Bajo Aragón, saltándose el artículo 47, que prescribía efectuar una nueva elección en el plazo de 15 a 20 días después de la vacante.

    En las elecciones del 27 del mes de marzo, el candidato cunero Augusto Cimas Blanco venció  por una mayoría de 1.500 votos a José de Liñán, que había sido apoyado por los elementos carlistas, conservadores y republicanos del distrito.


    Artículo publicado en la revista Compromiso y Cultura nº 102.

viernes, 21 de abril de 2023

CARRETERAS Y CACIQUES

    

 El mapa electoral de la España de la Restauración de 1874 se dibujaba en base a unos distritos uninominales y un sistema electoral mayoritario.

  Entre 1879 y 1910, tras cada elección, el electorado cambiaba su voto para cumplir con el acuerdo establecido entre los principales partidos para turnarse en el poder, con la connivencia de la Corona, para garantizar la estabilidad del régimen. En los ambientes rurales, los procesos electorales vinculaban con fuerza los intereses locales con los objetivos de los políticos que pugnaban por obtener su escaño en las Cortes. El voto se veía condicionado al cumplimiento de unas promesas del candidato aspirante. El control de las élites locales era fundamental para canalizar el voto de su comunidad y triunfar en su distrito. Por su parte, éstas buscaban el apoyo del candidato más afín con sus intereses y mudaba el signo del voto si encontraba otro que mejoraba sus expectativas. 

  Los diputados elegidos reforzaban su posición electoral si cumplían con las expectativas de sus votantes. En los distritos reacios al cambio de turno, los gobiernos invertían menos recursos. Posteriormente, tras el establecimiento del sufragio universal en 1890, el proceso electoral fue más difícil de controlar, y el gobierno prometió mayores recursos a cambio de estabilidad.

  En este contexto se situó la Ley de Carreteras de 4 de mayo de 1877. Hacia 1880, la red de carreteras de primer orden se encontraba casi terminada, la de segundo orden lo estaba en las tres cuartas partes y faltaba acabar el 68 por 100 de las de tercer orden. El artículo 10, añadió a la normativa del plan general de 1877, permitía al ministro de Fomento incluir cualquier nueva carretera mediante un real decreto, si era beneficiosa para los intereses públicos. Para ello se instruía un expediente, con audiencia de los Ayuntamientos de los pueblos interesados, de la Diputación provincial, de la Junta de Agricultura, Industria y Comercio, del Ingeniero Jefe de la provincia y del Gobernador. El Ministro de Fomento, después de oír el parecer de la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos, resolvía si la carretera debía proponerse a las Cortes para su inclusión en el plan general. Sin sospecharse, en un principio, la ley dejó una puerta abierta para que los diputados y senadores parlamentarios se congraciaran con las élites de de sus distritos electorales con sus promesas de favores en la construcción de nuevas carreteras.

  Entre 1879 y 1900, se promulgaron 1.280 leyes en las cuales se incluían 1.585 carreteras del Plan General con una longitud de 44. 000 kilómetros, fueron las llamadas "carreteras parlamentarias", que duplicaron el kilometraje previsto, muchas veces en proyectos inviables con beneficiarios discutibles, particulares, muy locales y antieconómicos. La Revista de Obras Públicas publicó diversos artículos criticando la inmoralidad de muchas de estas carreteras. En un artículo del 5 de octubre de 1899, se quejaba de que, "...los que más suelen distinguirse en esta campaña de justa censura, son los hombres que forman los partidos políticos de la posición, demostrando en ello tanta mayor actividad cuanto más cerca están del poder, sin perseguir cuando lo han conseguido, de dejar las cosas como estaban o de ponerlas peor, confundiendo o anteponiendo siempre su propio interés al de la Nación". Según el ingeniero. autor del artículo, había carreteras sin ningún tipo de interés social, otras sin ningún destino concreto, algunas de ellas endosadas al Estado para eximir a las corporaciones locales de los gastos de su conservación, además de las duplicadas, o aquellas para las que el Plan deja claro su trazado, hasta los mínimos detalles, para beneficiar al promotor o al cacique que la impulsó, así como las que modificaban el el trazado de la original para no afectar a la propiedad de un particular concreto.

  La construcción de las carreteras del Bajo Aragón fue impulsada por parlamentarios de los distritos electorales de Teruel. Muchos de ellos eran ingenieros y abogados, que luego alcanzaron elevados puestos en la administración del Estado. En su trazado coincidieron, como en el resto del país, las necesidades viales que mantenían aisladas a las localidades, los intereses partidistas de los políticos, las élites locales y proletariado agrícola cada vez mayor por la repetición de malas cosechas que necesitaba de subsidios para comer. La exigencia de obras públicas será una premisa repetidamente planteada en los períodos electorales, reivindicaciones que serán asumidas por los líderes locales para evitar alteraciones del orden en sus localidades. Luego, los candidatos elegidos debían responder ante el electorado y cumplir con parte de sus promesas, valiéndose de sus influencias y relaciones en las Cortes. En ocasiones, sin embargo, los malos presupuestos aprobados paralizaban las obras. En Teruel, proyectos como la carretera de Alcañiz a Caspe, la de Albalate a Val de Zafán o los embalses se paralizaron por falta de recursos. Durante la construcción de la carretera de Alcañiz a Alcolea del Pinar, las obras fueron suspendidas en el tramo comprendido entre Alcorisa y Calanda y sólo conservaron su puesto quince canteros y algunos jornaleros, con mísero jornal insuficiente para el mantenimiento de una familia. Cuando se reanudaban los trabajos, los malos jornales podían generar huelgas que volvían a paralizar las obras.

  Algunas de las carreteras bajoaragonesas construiadas en los primeros años del siglo XX

  Uno de los primeros proyectos fue la carretera de Escatrón a Gandesa en el tramo de Maella y el límite provincial, cuya tramitación se esperaba contar con la activa gestión del diputado por Caspe, Juan Mompeón. En las elecciones de 1879, se ofreció a los calandinos la construcción de un puente si daban su voto al candidato oficial, Francisco de P. Giménez quien prometió la entrega inmediata del dinero para la obra. En 1882 se incluyó en el plan general, la carretera de tercer orden de Val de Zafán por Híjar y Urrea hasta Albalate, debido al interés del senador por Teruel y antiguo diputado por Alcañiz, Manuel de Pedro. El calandino Juan José Gasca obtuvo en 1881 su acta de diputado por el distrito de Valderrobres, renovada en 1886, 1891 y 1893. En el distrito de Alcañiz, colocó en la candidatura liberal a un hombre de su confianza, Augusto Comas Blasco, diputado en 1893, 1898 1901, bien considerado por el electorado que valoraba su amistad con el ministro Miguel Villanueva. Por su mediación se construyó la carretera de Calanda a Torrevelilla y el puente del Estretillo. El 31 de julio de 1894, se incluyó al plan general la carretera de Calanda a Andorra y Oliete. La carretera de tercer orden de Calanda a la de Zaragoza y Castellón, cuyo trazado iba por La Ginebrosa, La Cañada de Verich y La Cerollera, fue desviada por Torrevelilla y Belmonte hacia el kilómetro 131 de la carretera a Castellón en el punto de la Toza. En diciembre de 1896, se pidió la continuación de la carretera de Calanda a La Cerollera, construida solo en su primer trozo por las gestiones del diputado Gasca. En los períodos electorales, los candidatos no dudaban en atribuirse los méritos obtenidos en detrimento de sus adversarios. En octubre de 1899, Gasca criticó al marqués de Lema, con quien tenía enemistad personal, sus influencias para lograr la construcción de varias carreteras del Bajo Aragón, como la de Castellote y la de Valderrobres a Monroyo, y le acusa de los retrasos en las subastas de las carreteras de Alcorisa al Mas de las Matas y Aguaviva, y de la de Calanda a Torrevelilla a Belmonte.

  En junio de 199, se aprobó el enlace entre Alcañiz y la estación de ferrocarril. En noviembre de ese mismo año, se pedía una carretera entre el Mas de las Matas y Alcorisa, mientras que en Caspe, el diputado Enrique Pérez, junto al gobernador, presionaban al ministro por una carretera a Bujaraloz. En noviembre se subastó el 4º trozo de la carretera de Alcañiz a Cantavieja gracias a las gestiones del marqués de Lema, a la que siguió, en marzo del año siguiente, el primer trozo. En agosto de 1905, Gasca fue agasajado en su visita a Calanda por sus favores a la población. Desde 1901, se pidió una carretera entre Calanda y el Mas de las Matas y otra de Calanda a Oliete (por Andorra y Alloza), comunicación que desde 1885 exigían los pueblos de Ariño, Albalate, Oliete, Andorra y Alloza. Las obras se retrasaron a pesar de las presiones ejercidas sobre los candidatos. Finalmente, en 1911, salió a subasta el primer trozo. Desde 1903, Rafael Andrade, elegido diputado por el distrito de Alcañiz, participó en las comisiones que permitieron la ejecución de la mayor parte de carreteras del Bajo Aragón. En mayo de de 1910 visitó Calanda donde prometió la construcción de una carretera y un embalse. En 1915, prometió agilizar los trámites para la ejecución de de la carretera de Calanda al Mas de Las Matas, obra en la cual se emplearía numerosa mano de obra jornalera. Pero un año después, sus electores se quejaron del abandono en que se encontraban, pues no se hablaba de la citada carretera y se había suprimido el coche que comunicaba Calanda con Alcañiz, de modo que en su vista a Calanda recibió una fría acogida. En 1917 prometió mejorar el firme de la carretera entre Calanda y Alcañiz. Como director de Obras Públicas intervino en la aprobación del proyecto del pantano de Santolea. El Diario de Avisos de Zaragoza del 20 de marzo de 1896, publicó el acuerdo de los electores de Valdealgorfa, según el cual, todos votarían al candidato que consiguiera la subasta de las obras de la carretera que debía pasar por el pueblo.

  En mayo de 1887, se efectuaron los replanteos para proceder a la subasta de varios tramos de las carreteras de Calaceite a Monroyo y en la de Alcañiz a Cantavieja. En febrero de 1901, la intervención del marqués de Lema permitió incluir en el plan extraordinario de carreteras, el trozo segundo de Beceite a Gandesa y el tercero de Valderrobres a Monroyo,  lo que fue celebrado con fiestas populares. En marzo de 1903, el marqués de Lema aseguraba el próximo inicio de los estudios de la travesía y puente de Valderrobres en la carretera de tercer orden de Valdealgorfa a Beceite. A finales de 1905, se terminó la carretera de Tortosa a Valderrobres.

 El periódico republicano radical El Progreso, denunció algunas irregularidades observadas durante las últimas elecciones, en septiembre de 1905, en el distrito de Montalbán. Entre ellas figuraban las 2.500 pesetas presuntamente entregadas por uno de los candidatos al ayuntamiento de Obón como garantía de una carretera, a cambio de 290 votos y el pago de una peseta por elector. En diciembre de ese año, Juan Pío Membrado, publicó, en Tierra Baja, un artículo reivindicando la construcción de la carretera de Torrevelilla a Maella, incluida en el plan general, que por su carácter transversal uniría pueblos que no disponían de ella, que atravesaría el camino de carro de Fórnoles a Castelserás en Codoñera, el también camino de carro de Codoñera a Castelserás en Torrecilla y las carreteras de Zaragoza a Castellón y de Alcolea del Pinar a Tarragona en las Ventas de Valdealgorfa.

  En 1911, el ministro Rafael Gasset intentó acabar con los intereses de los diputados y senadores que habían elevado los presupuestos con propósitos electorales. La Ley de 29 de junio suprimió el Plan General de Carreteras del Estado de 1877 y parte de las carreteras incorporadas. El Estado solo asumiría la construcción y conservación de las carreteras de urgencia o de necesidad.


  Artículo publicado en la revista Compromiso y Cultura nº 100