El 4 de octubre de 1897, el liberal Mariano Mateo-Sagasta fue encargado de formar nuevo gobierno. Poco después fueron sustituidos los gobernadores civiles nombrados por el anterior gobierno conservador. Las siguientes elecciones para diputados a Cortes tendrían lugar a finales de marzo de 1898. El gobierno propuso como candidato encasillado al cunero Comas Blasco, pero era preciso convencer a los electores empezando por los alcaldes de las principales poblaciones que no eran afines. La pedagogía empleada consistía en llamar a los alcaldes para que se presentaran en el gobierno civil y plantearles su dimisión bajo amenaza de fiscalizar las cuentas ordinarias del municipio que presidian generalmente deficientes.
Los personajes
Por R.O. el 26 de junio de 1897, Francisco Sales había nombrado alcalde del ayuntamiento de Alcañiz y tenía a Antonio Broc como teniente de alcalde. El ministro de la Gobernación era Trinitario Ruiz Capdepón, quien por tercera vez ocupaba este cargo. El 12 de octubre de 1897, Francisco Galán Castillo fue nombrado gobernador civil de Teruel, sustituyendo a Joaquín Velasco Rodríguez de Vera, abogado conservador nombrado por Cánovas del Castillo.
El 20 de octubre, una comisión del Ayuntamiento de Alcañiz, compuesta por Francisco Sales, alcalde; Antonio Broc, primer teniente de alcalde, y Manuel Delgado, secretario de corporación municipal, marchó a Madrid para gestionar asuntos de la ciudad, entre ellos los problemas que había en la línea del ferrocarril de Val de Zafán.
Amenazas al alcalde
A finales de noviembre se presentó, en Alcañiz, el diputado provincial Francisco González, que entregó al alcalde una carta del gobernador para que dimitiera de su cargo y en el supuesto de no hacerlo, "usarían medidas de rigor". El alcalde respondió que por hallarse enfermo no podía desplazarse a la capital. El 22 de noviembre salió de Zaragoza una compañía de soldados del regimiento del Infante con destino a Alcañiz. Periódicamente, había una compañía que era relevada por otra para colaborar con las fuerzas de la Guardia Civil en el mantenimiento del orden, ya que el fraude por el precio del pan, la carestía y falta de trabajo por la paralización de las obras públicas, hacían temer posibles alborotos.
El día 11 de diciembre, el gobernador envió un telegrama al alcalde de Alcañiz reclamando su presencia en el Gobierno civil.
Al día siguiente, recibió otro telegrama amenazante que reiteraba la orden de presentarse: "Si en todo el día de mañana no recibo telegrama participándome su salida, daré orden sea sea conducido inmediatamente a este gobierno civil". El alcalde Manuel Sales excusó su presencia alegando hallarse enfermo. El gobernador le obligó a dejar el cargo en manos del primer teniente de alcalde y a que diariamente le mandara un certificado médico con el estado de la enfermedad. El alcalde en funciones, Antonio Broc, para evitar un conflicto que alteraría el orden público, dirigió un telegrama al ministro de la Gobernación, en la que calificaba de intolerable el atropello sufrido por el alcalde. Confiaba el edil, en que el ministro calmara al gobernador y evitara el desplazamiento del alcalde, al tiempo que reprobara su comportamiento autoritario.
El periódico La Época, órgano del partido conservador, calificó de abusivos los actos similares cometidos por los gobernadores por los gobernadores liberales en sus respectivas provincias, cuya inspiración atribuían al ministro de la Gobernación, sometido a la presión de los candidatos y caciques. Advertía de que las extemporáneas amenazas del gobernador de Teruel, podían degenerar un conflicto de orden público. Los ejemplares del del periódico Diario de Zaragoza del día 21 con el artículo "El gobernador de Teruel y el alcalde de Alcañiz" se agotaron en poco tiempo.
El gobernador envió, sin avisar, a un delegado para inspeccionar la administración municipal alcañizana, con dieta de 15 pesetas a cargo del ayuntamiento. Por la ciudad, se esparció el rumor que la Guardia Civil tenía orden de vigilar la casa del alcalde y apresarlo en cuanto saliera a la calle. En una reunión extraordinaria del Ayuntamiento, el delegado gubernativo explicó que su misión era buscar dimisiones o en caso contrario, procesar a los componentes de la corporación municipal. El alcalde dimitió. Pero como el gobernador persistiera en su actitud, al anochecer se reunió el Ayuntamiento con representantes de los partidos conservador, fusionista, carlista, federal y acordó la celebración de una manifestación para el día siguiente con el cierre de todas las tiendas de la ciudad.
La manifestación del día 26
A las 11, 30 se concentraron unas 2.000 personas que en manifestación ordenada recorrió las principales calles de la ciudad, presidida por por una pancarta llevada por los jefes de los partidos políticos representados en Alcañiz, Jerónimo Blasco, Díaz, Segura, Julián de Santapau y otros. El lema escrito en ella decía: "En defensa del derecho de Alcañiz a dirigir sus destinos, afirmamos nuestra adhesión al Ayuntamiento y nuestra protesta contra los políticos perturbadores". Frente a las gradas del ayuntamiento, hablaron: el jefe de los conservadores de Alcañiz, Jerónimo Blasco, sobre el ultraje cometido; el jurisconsulto Santiago Contel, antiguo republicano; y el carlista Pascual Aguilar, quien a pesar de oponerse al sufragio, dijo que solo haría uso de él para oponerse a los propósitos de la primera autoridad civil de la provincia . A la una del mediodía, terminó el acto sin que se produjera una contramanifestación por parte de los grupos disidentes concentrados junto a la iglesia. En la prensa, no se alude a gritos de contenido social durante la manifestación, a pesar de las dificultades del momento.
La prensa conservadora y la independiente defendieron la posición de la corporación municipal. Se recordó, que el ministro de la Gobernación había prohibido a los gobernadores mandar delegados a los pueblos para investigar su administración para no coaccionarlos. Además, en el caso de Alcañiz, no había deuda municipal, disponía de una gran cantidad de trigo en los pósitos y en las arcas había de 12. 000 duros. Tampoco adeudaba dinero a los maestros de las escuelas de primera enseñanza (caso muy frecuente en los ayuntamientos de esos años, motivo que era usado para multar y destituir a los alcaldes de los pueblos opuestos a la política del gobernador). El alcalde fue nombrado por el jefe del Gobierno y ahora, el distrito no aceptaba la imposición de un candidato cunero bajo amenaza. La Época habló de los excesos de la política fusionista, al tratarse de una administración modélica en España, al tener cubiertas todas sus obligaciones.
El Diario de Avisos de Zaragoza del 27 escribió que el alcalde había enviado su dimisión hacía tres días. Calificó el hecho de: "Acto arbitrario que merece graves censuras tratándose de quien lo ha ejecutado, que no es un personaje más o menos influyente de la provincia de Teruel, sino el propio gobernador. la representación del Gobierno con todos sus recursos y medios oficiales, con todos los vislumbres de la aristocracia y los recuerdos del cesarismo, con todos los abusos de poder y todas las más funestas corruptelas que tienden directamente a convertir en autómatas al cuerpo electoral, a quitar espontaneidad a las manifestaciones de la opinión pública y ...". Censuró al ministro de la Gobernación por tolerar con su silencio estos males que podían ocasionar violencias en el futuro, y añadía que, "...En vísperas de las elecciones, las conferencias de los alcaldes con los gobernadores en los despachos de estos, tienen por experiencia añeja los caracteres de una imposición que humilla más a quien la aprovecha que a quien la sufre".
Los liberales de Alcañiz, por medio de Aturo Serrano, respondieron con otra carta dirigida a los periódicos El País y Heraldo de Aragón, en la que rechazaban todo vínculo con los manifestantes, acusando a los carlistas locales de levantiscos, dispuestos a preparar un nuevo levantamiento como el ocurrido el año anterior en Castelnou mientras los carlistas alcañizanos les manifestaban su apoyo por las calles. Justificaban de este modo el comportamiento previsor del gobernador, que cuando tuvo conocimiento de la posible repetición de estos hechos, llamó al alcalde para recordarle que cumpliera con la ley de orden público y evitara las sanciones gubernativas. Respecto a la carta enviada por el teniente de alcalde al ministro, decían que fue escrita por un reconocido carlista, miembro de un ayuntamiento que no era adicto al Gobierno, con 7 concejales conservadores, 7 carlistas y un demócrata, por haberse retirado los liberales en la últimas elecciones. Calificaba de falsa la enfermedad del alcalde, pues había paseado por las calles durante la manifestación sin quejarse. En las últimas elecciones generales, los liberales superaron a los carlistas en 130 votos y en las elecciones a diputados, los carlistas fueron derrotados. Recomendaban más diligencia en la represión de orden público. La manifestación tuvo carácter conservador, jaleada por los carlistas. Descalificaba las supuestas amenazas del alcalde y criticaba la gestión del ayuntamiento, pues al inicio de su mandato, la renta de consumos tenía un superávit de 4.000 pesetas y ahora el déficit superaba los 10. 000.
El día 30, La Alianza Aragonesa. periódico liberal vespertino arremetió contra los jaleadores de la manifestación, que consideraban un fracaso, que a pesar de haber elegido un domingo, y por ende, segunda Pascua de Navidad, no habían concurrido a la manifestación más que 2.000 protestantes en una población de 12. 414 habitantes. La Correspondencia de España, se sumó a las críticas contra los manifestantes, que calificó de exigua, a la que acudieron elementos conservadores, que en aquel país siempre vivían en íntimo consorcio con los carlistas, que fueron los organizadores, para proteger al Ayuntamiento donde los carlistas gozaban de la mayoría, contra las medidas del gobernador.
Antonio Broc respondió a las descalificaciones de la carta de los liberales, negando la agitación carlista y que el gobernador, al obligar a dimitir al alcalde y concejales, fue porque convenía a la candidatura del cunero Augusto Comas Blasco, rechazando la opinión pública representada por todos los partidos políticos de la población. Negó la la supuesta complicidad del ayuntamiento en los sucesos de Castelnou y su pertenencia al partido carlista. Su candidatura como concejal fue propuesta en una candidatura de coalición en las últimas elecciones por el representante político de la ciudad, el liberal Juan José Gasca. Tampoco era cierto que el ayuntamiento fuera de mayoría carlista y que el retraimiento de los liberales en las últimas elecciones municipales se debió al miedo a sufrir una derrota vergonzosa.
Retorno a la normalidad
El 11 de enero, la prensa volvió a publicar nuevos excesos liberales ocurridos en otros pueblos del distrito de Albarracín, como Barrachina, donde el alcalde era enemigo del cacique liberal que al mismo tiempo era diputado provincial, el cual fue obligado a dimitir por el gobernador que le impuso dos multas de 500 pesetas. El Diario de Zaragoza comparó a Teruel con el Riff, por el incumplimiento de la normativa municipal. El 4 de enero el gobernador había nombrado un nuevo ayuntamiento, presidido por el liberal Arturo Serrano, periodista y director del Bajo Aragón, saltándose el artículo 47, que prescribía efectuar una nueva elección en el plazo de 15 a 20 días después de la vacante.
En las elecciones del 27 del mes de marzo, el candidato cunero Augusto Cimas Blanco venció por una mayoría de 1.500 votos a José de Liñán, que había sido apoyado por los elementos carlistas, conservadores y republicanos del distrito.
Artículo publicado en la revista Compromiso y Cultura nº 102.
