Calanda, al inicio de la primera guerra carlista, contaba con muchos simpatizantes a la causa: el clero absolutista, los antiguos realistas ahora descontentos al haber sido marginados y buena parte del campesinado. El 9 de diciembre de 1833, al poco de iniciarse la guerra, en Calanda se produjo el primer enfrentamiento armado entre el barón de Hervés y las fuerzas liberales.
La desconfianza hacia el clero
A medida que la guerra se prolongaba, entre los mandos militares liberales, creció la desconfianza hacia el clero, al que consideraban afín al carlismo. Los curas de las parroquias, con frecuencia, eran un foco de propaganda contra el gobierno y en algunos casos mandaban partidas carlistas, caso del famoso cura Merino que atentaría contra la propia reina Isabel II.
Durante el verano de 1834, estallaron diversos tumultos antirreligiosos en todo el país. Los más notables ocurrieron en Madrid cuando la epidemia de cólera alcanzó la ciudad. Los sermones, que atribuían un castigo divino a la epidemia que diezmaba la ciudad, su identificación con la causa carlista y el rumor de que habían envenenado las fuentes para causar la epidemia fueron motivo de creciente animadversión popular contra la pasividad del Gobierno y de la milicia urbana. La epidemia llegó a Calanda el 2 de septiembre y en los tres meses que duró, fallecieron 181 habitantes. El párroco, mosén Mariano Monreal, fue desterrado a Oliete por sus encendidos sermones contra la política liberal del Gobierno. El 9 de junio de 1936, estaba confinado en Calatorao por desafecto, aunque seguía cobrando sus rentas. El nuevo párroco, Antonio Abarca, pese a ser uno de los pocos adictos al gobierno, fue separado de su parroquia a primeros de 1841 así como el de Foz Calanda. El excapuchino Joaquín Millán fue preso y acusado el 6 de noviembre de 1836 de "seductor de los soldados de la guarnición para que se pasen a las filas de la rebelión". En 1840 se encontraba en el correccional de Zaragoza.
El 14 de octubre de 1834, el coronel Juan J. Aguavera1 remitió desde Alcañiz una carta al ministro de la Guerra para exponerle la situación en que se hallaba la rebelión carlista en el partido de Alcañiz. En la misma proponía que se expurgara a los sacerdotes de las catedrales y se dejara sólo a los individuos que a ciencia cierta, merecieran la confianza de las autoridades locales. Esta medida debía extenderse a los párrocos si no gozaban públicamente del concepto de adhesión a la Reina Isabel II, que deberían separados de las parroquias por sus obispos.
El Convento del Desierto de Calanda
El convento de carmelitas descalzos de la Torre de Alginés de Calanda se sitúa en un lugar aislado, a unas dos horas de Calanda y de Torrevelilla. En 1835 mantenía su actividad religiosa a cargo de 24 sacerdotes, 18 profesos, 2 escolanos y 6 legos, además de 2 cabrerizos, 5 payeses y un guarda de camino, que se encargaban de sus ganados y cuidaban sus 287 hectáreas de tierra de la Val Comuna.
El 14 de marzo de este año, el comandante general2 del Bajo Aragón, Agustín Nogueras, remitió un oficio al capitán general en el que exponía el peligro que para la causa liberal representaba el Convento. La denuncia se basaba en una carta que le había remitido el jefe de la milicia nacional de Calanda. Debido a la apartada situación del monasterio, los carmelitas aprovechaban para abastecerse de víveres y gozar de auxilios al contar con la complicidad del prior Fray Fernando Gil. El jefe de la milicia de Calanda mandó que acudiera el prior para responder de las graves acusaciones que se vertían sobre su persona: no dar parte de la presencia de carlistas y proporcionar auxilio a los facciosos. En el informe consta que el prior le contestó con arrogancia, "que no tenía obligación, pues nadie se lo había mandado y además no tenía 8 ó 10 criados para venir a dar parte, y que con respecto a darles víveres, que era cierto se los había dado y que siempre que fueran se los daría por que a fuerza no podía resistirse y que esto mismo se lo diría a la Reina si fuera menester". Advertido de que el convento era fuerte y podía defenderse, se justificó con que no tomarían las armas para defenderse, que los facciosos no habían entrado en el convento y que la entrega de pan, vino y otros víveres sólo se habían dado una vez. En la carta, hizo hincapié la reina en los malos antecedentes del prior, opuesto a la Reina, por lo que se la había prohibido predicar en la Cuaresma. Otro fraile sospechoso era el padre fray Miguel de los Dolores, de quien se habían filtrado conversaciones críticas con el Gobierno. El informe terminaba diciendo que del convento "tienen muy mala opinión en todo el Bajo Aragón, al estar en despoblado proporcionan auxilios a las facciones y ocultan a sus cabecillas", y pedía la deportación del prior y de los demás frailes de mala opinión.
La política anticlerical del Gobierno
La denuncia del jefe de la milicia se producía a los pocos días del motín anticlerical ocurrido el 3 de abril de 1835 en Zaragoza en el que seis frailes fueron muertos ante la pasividad de las fuerzas armadas. El seis de julio, estalló un nuevo motín anticlerical en Zaragoza, 11 frailes fueron asesinados con la complicidad de la milicia urbana que no intervino. Los tumultos alcanzaron una violencia inaudita en Barcelona, donde ardieron los conventos el 25 de julio, se asaltó la cárcel y se mató a los prisioneros carlistas. Ese día, el gobierno del conde de Torero aprobó la Real Orden de Exclaustración Eclesiástica que suprimía todos los conventos en los que no hubiera al menos doce religiosos. profesos.
El 9 de septiembre, el comandante general de Aragón denunció en un bando "las falsas doctrinas de los malos eclesiásticos" por su influencia sobre las capas más bajas de la sociedad rural. En Calanda, el secretario del ayuntamiento, Manuel Maled, notificó a Don Agustín Nogueras, que 59 vecinos habían huido para unirse a los carlistas.
El 11 de octubre, el nuevo gobierno presidido por Mendizábal decretó la supresión de todos los monasterios de órdenes monocanales y militares con la salvedad de aquellos que pertenecían a las órdenes hospitalarias. El 19 de febrero de 1836, se decretó la venta de todos los bienes de las comunidades religiosas extinguidas, convertidos ahora en propiedad de la nación. También se prohibió que los párrocos adictos al carlismo predicaran y confesaran a los fieles. El 8 de marzo, se amplió la supresión a todos los monasterios y congregaciones de varones (con algunas excepciones, como escolapios y Hospitalarios). Los religiosos se prepararon para abandonar sus conventos.
A primeros de julio, el comandante de armas del fuerte de Alcorisa expulsó a las 34 monjas franciscanas que vivían en el convento de Ntra. Sra. de Monte Santo, situado a extramuros de Villarluengo, a las que destinó a Alcañiz y a Calanda y ordenó al alcalde de esta última que embargase sus bienes. El gobernador civil de Teruel se opuso y por medio del general jefe del ejército del Centro, Felipe Montes, remitió una carta al capitán general de Aragón, donde se exponía que la decisión general de Aragón, donde exponía que la decisión había sido tomada por motivos desconocidos, contraviniendo las Reales Órdenes, dado que su ejecución correspondía a las Juntas Diocesanas.
El 25 de julio el general Manuel Soria, jefe de la 1ª división del ejército del Centro, ordenó que las religiosas de Villarluengo marcharan a Alcañiz. En su informe al general Felipe Montes, escribió que las noticias sobre el "mal espíritu de las monjas de Villarlungo" estimularon su interés por averiguar la verdad y ofrecer un juicio imparcial, pero que había llegado a la conclusión de lo perjudicial del convento en "un pueblo tan faccioso cuyo mal se atribuye a las religiosas y religiosos que lo dirigen". A su llegada, mandó desalojar el convento de religiosas y entregó temporalmente su administración a los justicias. En el reconocimiento e inventario practicado por un capitán de su estado mayor, se descubrieron dos religiosos alojados junto al convento que alegaron ser confesores, y una carta del padre provincial de Madrid, que aunque desterró aún mantenía su autoridad sobre ellas en detrimento del arzobispo de Zaragoza con quien no tenían correspondencia. El general los expulsó a todos, recomendándoles que usaran vestidos de seglar en lugar de hábito si no querían pasar a otro convento y que los confesores marcharan a pueblos. Finalmente pedía que el capitán general aprobara las medidas tomadas.
El fin del convento
El 29 de julio de 1837, se suprimieron los femeninos (salvo los de las Hermanas de la Caridad). En relación al antiguo convento capuchino de Calanda, el padre Ildefonso de Ciaurriz escribió que, "Cuando la expulsión de los religiosos la comunidad se componía de doce sacerdotes, un corista, cuatro legos y cuatro donados. Los religiosos no sufrieron daño alguno en esta ocasión por haber salido del convento antes que llegaran las tropas de Alcañiz..." A finales de agosto, estaban cerrados todos los conventos, los bienes más valiosos fueron llevados a otros que parecían ofrecer una mayor seguridad. Advertidos los carlistas de estos traslados, ese mismo verano, un grupo de 20 o 30 carlistas rompió las puertas del convento del Desierto y se llevaron varios del efectos guardados. Parecida situación se repitió en el convento de la Trapa, en Maella, donde se llevaron cuanto había en él, por estar el "pueblo y país inundado de rebeldes". Los religiosos exclaustrados pasaron a los pueblos de las cercanías, de donde eran muchos de ellos, pero sobre todo a Calanda, donde se concentraron los capuchinos del lugar y los llegados de Alcañiz. Entre 1837 y 1838, el convento del Desierto fue pasto de llamas y el 4 de noviembre de 1843 fue puesto a la venta en pública subasta por la Junta de Enajenación de Bienes. El convento de Villarluengo, convertido en fortaleza, fue quemado el 3 de abril de 1840 por los soldados liberales del general Fulgioso y los paisanos, dirigidos por su alcalde, para que no pudiera ser usado más.
-------------------------------------
1.A.H.N. Guerras Carlistas. Orden Público en Aragón y Navarra de los años 1834 a 1836
2. A.H.N. Guerras Carlistas. Diversas coecciones, 205, NII.
Artículo publicado en la revista Compromiso y Cultura nº 86
