LA SIBERIANA, UNA EMPRESA CASI CENTENARIA

 

    Los orígenes

    Los hermanos Joaquín y Juan Antonio Fuster Pallarés descendían del pueblo de Zorita en Castellón, y pertenecían a una familia de carreteros. Juan Antonio Fuster vivía con su mujer Dominga Sabater  y sus hijos José, Ramón y Domingo en la Avda. Bartolomé Estevan de Alcañiz. En 1931, su nombre figura en la matrícula industrial como poseedor de un carro de uso propio en el mismo domicilio. Dos años más tarde se le cita como constructor de carros. Domingo encontró empleo en las obras de construcción del ferrocarril de Val de Zafán.

   En 1936, Joaquín Fuster Pallarés poseía la fábrica de hielo llamada "El Polo Norte". Sus sobrinos José y Ramón Fuster, fundaron en 1931 una fábrica de hielo en la carretera de Zaragoza.

    Durante el bombardeo del del 3 de marzo de 1938, la residencia familiar quedó destruída y la familia fue a vivir a una masada hasta que acabó la guerra. En la carretera de la Estación se instalaría posteriormente la fábrica de gaseosas.

    Durante el último año de la guerra, José, junto a dos amigos, puso una taberna en la Plaza de Santo Domingo donde vendían gaseosas y bocadillos a los soldados acantonados en la ciudad. Las ganancias  fueron sustanciosas y permitieron a cada uno de ellos hacerse una casa. Tenían una camioneta que los soldados le confiscaron, pero al llegar al arrabal se les paró. Acudió José que pudo ponerla en marcha y recuperarla para el uso de la fábrica. En otra ocasión, durante la batalla del Ebro, mientras Franco estaba en Alcañiz, unos soldados fueron a buscar hielo y José les dijo que no había y por ello, no lo podía vender. Los militares enfadados replicaron que "si sabía a quién le negaba el hielo", a lo que respondió que "daba igual para quien fuera, que no estaba helado y no se lo podían llevar".

   A principios de los años 40, los tres hermanos construyeron unas viviendas en la carretera de Zaragoza. Un zahorí llamado Ángel les señaló el punto dónde podían encontrar agua y a qué profundidad la hallarían, por lo que perforaron un pozo al que nunca le faltó el agua. Entre 1931 y 1966, al frente de la fábrica de hielo, se encontraban José y Ramón Fuster Zapater.

   Las barras de hielo se llevaban a la estación envueltas en paja y se repartían por los pueblos del Bajo Aragón. Durante años, la gente iba con un cubo a comprar trozos de hielo para conservar los alimentos y tener bebidas frescas durante el verano. La fábrica trabajaba día y noche.

   Polos y caramelos helados

   Se dice que el primer polo fue inventado por casualidad en 1905 por un niño de once años, Fran Epperson, que vivía en la Bahía de San Francisco. Había preparado un refresco casero mezclando unos polvos concentrados de frutas con agua con un palo para removerlo. Llamado por sus padres, lo olvidó y lo dejó al aire libre. A la mañana siguiente, tras una noche muy fría, encontró el líquido congelado alrededor del palo. Hasta 1923 no patentó su invento. Los primeros polos en España fueron fabricados en Alcañiz en 1931.

   Los polos se obtenían en unos moldes que se se sumergían en una piscina con agua salada y amoníaco. Empleaban sacarina en lugar de azúcar para evitar que se dañara la textura del hielo, un edulcorante llamado dulcina y esencias de diferentes sabores, vainilla, fresa, chocolate. Finalmente añadían un mango, que era un trozo de caña recogido en La Estanca. También se producían caramelos helados, obtenidos de la misma manera que el hielo, en unos tubos estrechos y largos que se llenaban con mantecado, leche, chocolate, fresa, etc. Se cortaban y se envolvían igual que los caramelos.

   Espumosos La Siberiana

   La fábrica de gaseosas empezó a funcionar después de 1948, primero en la Plaza Cabañero y luego pasó a la Carretera de la Estación nº 22. Para las gaseosas producían un jarabe obtenido con ácido cítrico, dulcina, sacarina y esencia de limón que se ponía en una botella a la que se añadía agua con ácido carbónico. La fábrica contrataba varias mujeres para trabajar durante el verano, antes de empezar la jornada laboral rezaban el Rosario. El reparto, se realizaba mediante un isocarro y luego con dos camiones, un Ford de color azul y un Mercedes verde. En la década de 1970 competía con la otra empresa alcañizana de gaseosas, La Pilarica.

   También producían una bebida de cola, sifones y un refresco que se vendía bajo la marca La Colegiata, patentada en 1960. Los sifones se fabricaban añadiendo ácido carbónico al agua en una botella especial. Las colegiatas eran refrescos de limón o naranja con azúcar que se vendían en botellas de cristal que llevaban grabada la silueta de La Colegiata de Alcañiz que fueron muy demandadas. Del empleo de las esncias extraídas de las pieles de naranja y limones en los refrescos, surgió la idea de añadirlos a los polos. Su publicidad en la radio y a nivel de calle, hicieron muy popular una canción que decía:

                                                         Que rica es la Colegiata

                                                        Con buen aroma y mejor sabor

                                                           Todos la piden para beberla 

                                                         Porque ya saben que es buen limón

                                                               ¡Camarero, una Colegiata!

   Desde 1956, La Siberiana colaboró en todos los certámenes deportivos que se celebraron en Alcañiz, principalmente en los concursos de pesca, ciclismo, fútbol, etc. y participó en la entrega de premios a los ganadores. La fábrica de gaseosas cerró en los primeros años de la década de los ochenta, mientras que la fábrica de hielo lo hizo poco antes del cambio de década.

   En estos casi cien años de existencia de La Siberiana, se han vivido momentos duros. Durante la Guerra Civil sufrió daños durante el bombardeo aéreo de Alcañiz el 3 de maezo de 1938. El 21 de agosto de 1979, se produjo un robo en el almacén de bebidas de La Siberiana, propiedad entonces de Antonio Fuster y Amparo Fuster, en el que sustrajeron 13.000 pesetas. Pero el incidente más grave ocurrió el 19 de julio de 2014, cuando el almacén sufrió un aparatoso incendio al propagarse el fuego desde una finca rústica contigua por causa de las fuertes rachas de viento. Explotaron varios bidones y el almacén y su contenido sufrieron graves daños.

   La tercera generación

   Ramón tuvo dos hijos, Antonio y Amparo que continuaron la empresa. José tuvo tres hijas, María, Irene y Josefina que siguieron con la actividad empresarial hasta que se casaron. José, al retirarse, vendió su parte a su sobrino Antonio Fuster en 1966. En la actualidad es la tercera generación al frente de La Siberiana, dirigida por Inmaculada y Carlos Fuster, hijos de Amparo Fuster. La actividad empresarial se ha canalizado hacia el sector industrial que atiende a la hostelería (distribución horeca) en las comarcas del Mezquín, Matarraña, Bajo Aragón y Bajo Aragón Caspe.

   Agrdecimientos:

   Los autores agradecen la información prestada por María Jesús Fuster Buj y Rosa Senante Fuster, que ha permitido el redactado de este artículo.

   Artículo publicado en la revista Compromiso y Cultura nº 117

LAS RONDAS CARLISTAS DEL BAJO ARAGÓN

 

   Durante la Tercera Guerra Carlista, la obtención de los recursos necesarios para mantener la burocracia del estado y la guerra fue un serio problema en las zonas en lucha, sobre todo por parte carlista. Para debilitar al contrario, ambos bandos impusieron multas por tener familiares en el ejército oponente y dictaron medidas coercitivas para embargar sus bienes. A estas dificultades, se añadía que las partes contendientes, se coportaban como si se movieran en un territorio ocupado, con exigencias en víveres (pan, carne y vino) e impuestos a las poblaciones. Estas se encontraban permanentemente endeudadas e imposibilitadas de sostenerse si las cosechas eran adversas. La escasez de grano encareció precios del pan y los bajos precios del vino, junto a las duplicaciones e incluso triplicaciones del pago de las contribuciones, arruinaron a los campesinos con menos recursos. El ayuntamiento de Alcañiz envió una comisión a Madrid, en agosto de 1874, para que negociara los asuntos de la guerra en la ciudad, especialmente el pago de las contribuciones. El resultado de la gestión, salvo por las buenas palabras que se dijeron, no tuvo logro alguno.

   El 13 de octubre de 1873, el general carlista Marco de Bello entró en Cantavieja que poco después se convirtió en capital del estado carlista. Marco demostró ser un buen administrador civil y militar, pero fue muy criticado por sus compañeros de armas y por los asesores del pretendiente Don Alfonso que le consideraban "mejor administrador que militar", al pagar puntualmente a sus soldados. En Cantavieja instaló la oficina de administración y hacienda, con una caja única que centralizaba el pago trimestral de las contribuciones territorial e industrial, según los repartos acordados. Allí debían acudir los representantes de hasta 250 pueblos para efectuar las liquidaciones. Las duplicidades en los pagos eran frecuentes cuando otras partidas se movían por el mismo territorio. Cuando las fuerzas de Aragón se desplazaban hacia el río Martín o por la línea de Montalban a Teruel, eran reemplazadas por las de Polo, Vallés, Panera y Pascual que exigían las mismas contribuciones además de otras exacciones. Marco, se entrevistó con Vallés, comandante general interino de Valencia y Castellón para definir sus áreas de actuación y cooperar en las operaciones militares. Como Vallés continuara recaudando impuestos en el Maestrazgo controlado por Marco, éste se quejó al ministro de la Guerra General Elio, quien emitió una orden, el 12 de enero de 1874, para corregir la conducta de Vallés. En marzo de 1875, al producirse en la zona del Matarraña nuevas rivalidades entre la Ronda de Fabara y los recaudadores de Vallés, Dorregaray prohibió dar dinero o raciones a quienes no pertenecieran a las tropas carlistas de Aragón.

   Con la proclamación de la I República, el 11 de febrero de 1873, la Tercera Guerra Carlista alcanzó su grado mayor de intensidad. El suceso más importante acaecido en Caspe fue la entrada de Vallés el 16 de octubre con 2.000 hombres y 150 caballos, sin encontrar resistencia a su entrada. Los 72 Voluntarios de la República que custodiaban el fuerte del Castillo de la Bailía, se entregaron de forma inmediata. A Vallés se le sumaron 600 caspolinos que, en unión de los carlistas, prendieron fuego al Castillo de la Bailía y al viejo Convento de la Orden de San Juan. Vallés exigió a los contribuyentes 41.327 pesetas.

   El 21 de febrero de 1874, la fuerza carlista dirigida por Marco de Bello, compuesta por unos 3.000 soldados y 250 caballos, se dirigió a Maella y Caspe para recaudar fondos destinados a la compra de armamento y al pago de los uniformes que vestían sus hombres. En Maella recaudó solamente 40 duros de los 13.000 que esperaba requisar y luego marchó a Caspe, donde recaudó 33.500 reales. La llegada de las tropas de Despujols le hizo huir y le capturó más de 250 hombres, numerosas armas de fuego, 80 caballos y la recaudación realizada.

   Para no distraer más soldados de los necesarios, en 1874 se crearon rondas volantes que recorrerían los pueblos para cobrar las contribuciones y estaban formadas por pequeños grupos armados que acompañaban al recaudador. Su uniforme en un principio era muy variopinto, estaban cubiertos con boinas rojas rojas, blancas o azules y traje popular o con polainas encarnadas y blusas azules con lista también encarnada en el pantalón, armados de trabucos, escopetas, fusiles recortados, sables, puñales y algún revólver. A su llegada a un lugar, publicaban un bando para que los vecinos fuesen a pagar las cuotas, bajo pena de 200 reales de multa y la amenaza de llevárselos y comer de su bolsillo. Los primeros en acudir eran normalmente los principales propietarios, los cuales en ocasiones adelantaban el pago, mientras la mayoría de los contribuyentes se mantenían a la expectativa. Las desudas se veían rebajadas si justificaban haber cumplido los pagos anteriores. Cuando la ronda abandonaba la población se llevaba la lista de terratenientes para que pagaran sus cuotas y otra con los morosos. De las cantidades cobradas, se extendía un recibo. Los pueblos debían acudir a Cantavieja para efectuar la liquidación o eran multados en caso de no presentarse. Con quienes no cumplían, por motivos idealógicos o por causas personales, se empleaban métodos violentos, como destrozo de puertas de sus casas, y las confiscaciones de colchones, camisas, sábanas, jamones, etec. En determinadas ocasiones se produjo el encarcelamiento de los componentes de los ayuntamientos que se resistían al pago.

   Los mandos militares gubernamentales se opusieron a que las localidades pagaran las contribuciones, pero aquellas situadas en áreas desguarnecidas de fuerzas prefirieron  continuar con el pago. Para evitarlo, las tropas gubernamentales recorrían esos puntos, y a su vez, también exigían el pago de las mismas contribuciones. Así, el 17 de mayo de 1875, los batallones de Guadalajara y Orense regresaron de Caspe con más de 60.000 reales de los cobros efectuados. La desviación de fondos fue severamente castigada por los carlistas. En enero de 1875, fue detenido el comandante de armas de Beceite por exigir contribuciones sin tener autorización para ello y el día 16 se fusiló a un oficial por desertar y fugarse con 15.000 duros de la recaudación. El 20 de febrero, el comandante de armas de Valderrobres fue llevado a los calabozos de Cantavieja para ser juzgado por malversación de caudales, por orden de Gamundi. Las rondas, además de cobrar contribuciones, se encargaban de mantener el orden público en el territorio que controlaban. Se encargaban de recoger a los mozos de 19 años para incorporarlos a sus filas como voluntarios. Quienes no lo hacían eran buscados y conducidos a puntos fortificados y unidos a aquellos que habían sido indultados por el gobierno y que no querían volver a filas. También interceptaban la correspondencia oficial, aunque se respetaba la particular. En Aragón funcionaron seis rondas o partidas recaudatorias, encuadradas dentro de la tercera brigada de Aragón que mandaba el brigadier Pascual Gamundi.

   La Ronda de Alcañiz, al mando del alférz de caballería Narciso Carceller "El Seco de las Parras", contaba con 70 infantes y 6 caballos. Gamundi, lo nombró sargento de su partida e 1873 y le permitió moverse por el distrito de Alcañiz. Sus hombres se encargaron del cobro de los pueblos situados a ambos lados de la carretera de Morella. La ronda fue muy temida en todo el Bajo Aragón y la presa le atribuyó todas las tropelías posibles. Así, el 16 de mayo, El Mercantil Valenciano publicó la siguiente noticia: "Hace tres días que se encontró en las Cuevas de Castellote el cadáver de un desgraciado liberal, mandado fusilar por orden del cabecilla el Seco de las Parras , célebre ya en estas comarcas por la frecuencia con que repite hechos de esta naturaleza". El 10 de junio de 1875, se hallaba en Calanda camino de Foz Calanda con la ronda de Pericón, donde cortó por segunda vez la acequia Vieja. A primeros de julio estaba en Castelserás, de nuevo junto a Pericón, como protección del ejército carlista cuando se retiraba hacia Alcañiz y Caspe. La desmoralización causada por esta retirada y el constante acuso por parte de las columnas volantes del gobierno provocó entre el 3 y el 20 de julio la deserción de 105 hombres que se presentaron en Alcañiz para pedir el indulto. El 17 habló de los pocos hombres que le quedaban para proponerles que quienes pensaran acogerse a indulto. Protegido por su familia en Las Parras pero acosado por las continuas batidas de la Guardia Civil, fuerzas del ejército y los voluntarios de Alcañiz, salió de su escondite y se entregó en La Ginebrosa el 1 de octubre. En los años siguientes, su presencia fue reclamada por los juzgados de Morella, Castellote y Mora de Rubielos. La madrugada del 24 de abril de 1878, se fugó de la cárcel de Alcañiz, al tiempo que el juzgado de Castellote lo reclamaba por lesiones y exacciones ilegales. El gobierno tocó a somatén en los pueblos de Mas de Barberans, Ulldecona, San Carlos de la Rápita, Alfara y Arnés, que junto con fuerzas de la Guardia Civil salieron en su búsqueda. Finalmente, el 25 de noviembre fue capturado y llevado a la cárcel de Valderrobres. En abril de 1879, fue reclamado por el juez de primera instancia del partido de Mora de Rubielos por asesinato. El 3 de octubre, fue condenado a 21 meses de prisión corrreccional en Castellote por dar palos a un paisano que llevaba un parte verbal al brigadier Despujols, dejándole gravemente lesionado y sin asistencia. El 24 de junio de 1887, mientras cumplía una larga condena en la la cárcel de Alagón, fue indultado merced a las gestiones del diputado de Alcañiz, Juan José Gasca. Por R.O. de 4 de 1889 se dispuso el sobreseimiento de la causa incoada por el Juzgado de Instrucción de Castellote por las exacciones y el incendio de los registros civiles además de otros excesos cometidos durante la guerra.

   La Ronda de Favara, fue liderada por el comandante de infantería José Ros, y contaba con 90 infantes y 6 caballos. En agosto de 1874, fue sustituido por Tomás Alonso Caspe. A lo largo de 1875 tuvo otros jefes, como Estrada de Alcañiz, Jerónimo Sorrosal y Pascual Navarro. Su área de operaciones se centraba en el Matarraña, aunque en ocasiones cruzaba el río Ebro adentrándose en los Monegros para efectuar recaudaciones. El 26 de enero de 1875, entró en Caspe y se apoderó de la correspondencia pública. El 4 de julio, la Ronda cruzó el Ebro en dirección a Francia, siguiendo el ejército de Dorregaray. Tras la conclusión de la guerra, el 15 de diciembre, el fiscal militar de Zaragoza emplazó a la Ronda para que rindiera cuentas de sus acciones y ordenó la detención de José Ros. Fue acusado de abrir fuego contra los carros que transportaban heridos, así como intentar llevarse prisioneros a dos artilleros heridos durante un enfrentamiento ocurrido el 4 de junio de 1874 contra las tropas de Despujols.

   La Ronda de Hijar, bajo el mando del comandante de infantería D.M Manero "Pericón", con 25 infantes y 124 caballos. A primeros de abril de 1874, siendo comandante de armas Alloza, fue encargado por Marco de recoger fondos en los pueblos alejados de Cantavieja. La prensa publicó que el día 9 de abril había muerto en La Ginebrosa en el curso de un encuentro con una columna del ejército en el que fueron capturados 50 hombres de una partida de 150 efectivos. El 11 de abril, cobró 5.000 reales en Calanda, mientras sus hombres recorrían las calles y cantaban:

                                                Hasta que llegue vencer,

                                                 Si puedo mascar el agua,

                                                  Ya no quiero más mujer

                                                   Sino fusil y canana.

                                                    Somos carlistas

                                                     De corazón

                                                     Que defendemos

                                                          La religión

   El 28 de abril, fue sorprendido en Ejulve por una columna del ejército mientras estaba recaudando con 40 hombres. Perdió su caballo y su partida tuvo varios muertos. El 4 de julio estuvo en Bujaraloz. A las 9 de la mañana del 14 de julio entró con 60 hombres en Híjar y destrozó el telégrafo. El 26 de agosto exigió 9.150 duros en Quinto que luego redujo a 4.000, rompió el telégrafo y se llevó al telegrafista, dos días más tarde se paseaba por las huertas de Alcañiz. El 3 de noviembre, fue destituído temporalmente por Gamundi, tras ser derrotado por Despujols. La noche del 7 de febrero de 1875, cortó la línea telegráfica de Calanda. El 4 de marzo se llevó 6.000 reales de la contribución de Caspe y el 10 de mayo destrozó el gallipuente de Castelserás. El 4 de julio cruzó el Ebro y entró en Bujaraloz camino de Barbastro. La Ronda fue derrotada por la columna de Delatre y posterormente pasó al exilio.

   La Ronda de Daroca, estuvo dirigida por el comandante de infantería D.B. Muñoz con 85 infantes y 8 caballos. Fue la última fuerza carlista en cruzar el Ebro y se encargó de destruir las barcas de Chiprana y Caspe para impedir el paso de las columnas perseguidoras del ejército de Weyler.

   La Ronda de Montalbán, su jefe fue Ramón León "El Chepa" con 20 infantes y 10 caballos.

    La Ronda de Josa, integrada por 20 infantes y 10 caballos.

   Al término de la guerra, los pueblos se hallaban arruinados. A pesar de ello, fueron obligados a pagar las contribuciones pendientes, aunque hubieran sido abonadas a los carlistas. Los recaudadores recorrían los pueblos exigiendo el pago, acompañados de fuerzas de la Guardia Civil y los voluntarios movilizados, para evitar desórdenes.

    Articulo publicado en la revista Compromiso y Cultura nº 116

  

   

LAS CARRETERAS DE LA CODOÑERA

 

    Hasta finales de la primera década del siglo XX, ninguna carretera cruzaba el término de La Codoñera. Las comunicaciones continuaban siendo deficientes, con unos pocos caminos de carro y estrechas sendas restringidas al paso de las caballerías. A finales del siglo XIX, era voz general la necesidad de mejorar la infraestructura viaria de la provincia abriendo caminos que enlazaran las poblaciones y facilitaran el tráfico de mercancías. La profunda crisis económica vivida durante el último tercio del siglo, con un fuerte paro, crisis de subsistencias, huelgas y fuerte emigración, motivaron que las promesas en obras públicas (construcción de ferrocarriles, carreteras y pantanos) figuraran en los programas de todos los candidatos políticos, los cuales debían contar con el beneplácito del cacique local para ser elegidos. En este ambiente se sitúa el proyecto de carretera de Torrevelilla a Maella. La construcción del camino vecinal de la Val de Ripoll tuvo que esperar hasta la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera.

   Carretera de Torrevelilla a Maella

   La primera carretera construída en La Codoñera se remonto a la legislatura de 1893, cuando el Congreso de los Diputados sancionó la iniciativa presentada por el diputado liberal por el distrito de Alcañiz, Augusto Tomás Blanco, para la construcción de una carretera entre Torrevelilla y Maella pasando por La Codoñera, Torrecilla de Alcañiz, Valdealgorfa y Mazaleón. El 4 de julio de 1894, el Diario Mercantil de Zaragoza publicó la noticia de que el ingeniero de caminos Sr. Mendizabal había salido de Alcañiz para iniciar los estudios de la carretera de Torrevelilla a Maella, acompañado del personal de obras públicas. El 21 de julio de 1894, se aprobó su construcción pero no se realizó.

   En diciembre de 1905, Juan Pío Membrado, publicó en Tierra Baja, un artículo reivindicando la construcción de la carretera de Torrevelilla a Maella, incluida en el Plan General, que por su carácter trasversal uniría aquellos pueblos que disponían de ella. La vía propuesta atravesaría el camino de carro de Fórnoles a Castelserás en La Codoñera, el camino de carro de La Codoñera a Castelserás en Torrecilla y las carreteras de Zaragoza a Castellón y de Alcolea del Pinar a Tarragona en las Ventas de Valdealgorfa. Poco después, el 31 de agosto de 1907, el calacitano Santiago Vidiella, reclamó desde las páginas del Heraldo de Aragón la construcción de la citada carretera y de otras más necesarias para el porvenir de la Tierra Baja.

   El 8 de agosto de 1908, la Dirección General de Obras Públicas anunció en la Gaceta de Madrid que el 18 de septiembre se procedería a la subasta pública de las obras de construcción del primer trozo de la carretera de Torrevelilla a Maella, cuyo presupuesto de contrata era de 208.904 pesetas en una obra que se ejecutaría en cuatro años.

   El tramo subastado iba desde Torrevelilla al km 253 de la carretera de Zaragoza a Castellón (situado a 1 km al sur del actual polígono industrial de las Horcas). La longitud del trozo era de 12.796 m con un ancho de 5 metros con 3,5 de firme y 1,5 en los mordientes, con una capa de recebo encima para llenar los huecos. Debían construirse tres pontones, uno de los cuales era el puente sobre el río Mezquín en el Molinet, además de 3 badenes de 15 m y 7 de 10 m. Su conservación costaría 224 pesetas/km. La construcción del puente del Molinet suponía un alivio para quienes debían cruzar el vado del río cuando se producían crecidas.

   Las cuentas de la herrería de Miguel Pérez, situada en la calle de la Nevera, muestran que se trabajó intensamente durante los meses de julio a septiembre del año 1911. A la herrería se llevaban a afilar entre 4 y 16 barrenas diarias, además de picos, palas, y se ponían herraduras a las caballerías, excepto los sábados y domingos. Entre los días 23 y 24 de agosto se afilaron 31 barrenas, 40 palas y 4 picas.

   Esta carretera, considerada de categoría local, corresponde a la actual A-2.408. Se inicia en el km 14,4 de la carretera de Castelserás a Torrevelilla (actual A-1.409) y tras 2,5 km llega a La Codoñera. La caretera continua hacia hacia Torrecilla (km 6) y luego por la llamada carretera de Sanchernar sigue hacia la general de Morella (N-232).

   El primer autocorreo de la línea Alcañiz-Castellote llegó el 29 de octubre de 1922. El 29 de mayo de 1923, se inauguró el servicio de autocamión de la empresa Hijo de Rufino Foz para carga y pasajeros entre La Cañada y Alcañiz. El 22 de julio de 1923, se produjo un grave accidente cuando el camión de Rufino Foz atropelló a las 5 h 30 minutos de la tarde a un carretero de Vinaroz en La Pesquera. Durante los combates del 19 de marzo de 1938, el puente del Mezquín, en el Molinet no resultó afectado. En 1948 se repararon los km del 6,1 al 12, 9.

   En mayo del 2000, la Dirección General de Carreteras del Gobierno de Aragón publicó el proyecto de acondicionamiento de la carretera entre La Codoñera y Torrecilla de Alcañiz, presupuestado en 25.000.000 de pesetas. Se realizaron voladras de las rocas que forzaban a unas peligrosas y cerradas curvas de la carretera sobre el río Mezquín.

   Las longitudes de los tramos acondicionados fueron:

   De La Codoñera a la carretera A-1409 ----2.479 metros

   De La Codoñera a Torrecilla de Alcañiz ---2.885 metros

   Intersección a La Codoñera ------------------374  metros

Artículo publicado en el programa de fiestas patronales de La Codoñera de San Cosme y San Damián de 2024.

CHOCOLATES EN EL BAJO ARAGÓN

 

    En 1534, el monje cisterciense Fray Jerónimo Aguilar, que acompañó a Hernán Cortés a México, envió el primer cacao (Theobroma cacao) a España al abad del monasterio de Piedra, Don Antonio de Álvaro. Junto a las semillas remitió la receta para tomarlo. Los monjes consideraron que no se trataba de un alimento al no estar citado en el Antiguo Testamento, por lo que su consumo no rompía los ayunos que debían hacer. De este modo, el cacao pasó a ser una bebida habitual de los monjes.

    No fue hasta el siglo XVII cuando el cacao empezó a salir regularmente desde el puerto de Veracruz, abriendo una ruta comercial marítima que abastecería la nueva demanda de España, y posteriormente de Europa. Desde el primer momento se endulzó con azúcar de caña, y fueron los españoles los primeros en difundirlo. De esta manera, los monjes del monasterio fueron los primeros en cocinar chocolate líquido con una fórmula en la que el cacao, para endulzarlo, se le añadía, por primera vez en la historia, azúcar, canela y vainilla. En España el chocolate fue considerado exclusivamente como una bebida reconfortante y apenas era empleado en otros aspectos culinarios, existiendo raras excepciones de platos clásicos en los que el cacao se incluía en otros ingredientes.

    Aunque durante los primeros años, el chocolate fue considerado un lujo que sólo se permitían las clases pudientes que hacían ostentación de su poderío, su difusión alcanzó a los lugares más pequeños del territorio. En 1697, cuando el arzobispo de Zaragoza visitó la parroquia de La Codoñera, prohibió comer y tomar chocolate dentro de la iglesia, prueba del extenso uso que alcanzó este producto. Desde el siglo XVIII el chocolate se tomaba en desayunos, meriendas y reuniones sociales, incluso en días de ayuno. También a partir de esa época se empezó a consumir en tabletas.

    Desde el año 1745, el chocolate figura como uno de los productos obligados a tener en la tienda que arrendaban los Propios de La Codoñera. En 1776, cuando sus representantes viajaron a Madrid para gestionar el villazgo, se llevaron para el camino 12 libras de chocolate. Cuando vino el comisionado con el nuevo título, se gastaron, 99 libras por bizcochos en la tienda de Joseph Baded y 47 libras con 29 sueldos por 48 libras de chocolate para agasajarlo. Las chocolateras figuran también en muchos inventarios y testamentos, como el de Antonia Barrera, que en 1786 dejó su chocolatera a su hija monja. En 1824, se nombra la fabricación de chocolate a mano por parte del chocolatero Manuel Leal. En el año 1884, Francisco Molins encargó un manuscrito titulado"Libro que trata de la facultad y oficio de zuquerero, resolís, elados y otras cosas para el uso de Francisco Molins Burguera". Poco despùés fundó la casa Burguera, establecida en la calle Mayor y dedicada a la producción de confitería y chocolate. Francisco Molins fue el principal fabricante de dulces y chocolate vendiendo sus productos por toda la comarca. Su trabajo fue continuado por su hijo Pedro Molins Amela, que dirigió la empras junto con la fabricación de cera. A nivel oficial, el obsequio de chocolate a las autoridades que visitaban el pueblo formaba parte del protocolo del ayuntamiento, y también a nivel particular en los acontecimientos familiares.

     En Alcañiz, la casa "Chocolates Díaz" se remontaba a 1800 cuando era una confitería que fabricaba turrones y dulces. El empleo de cacaos procedentes de las codiciadas y escasas producciones de Apolambas (Alto Perú), Socomismos (Guatemala) y Caracas. aumentó la popularidad y sus ventas por la calidad de sus chocolates. En 1820 había cuatro tiendas con venta de chocolate (Joaquín Albalate, Mariano Gil, Miguel Zapater y Martín Pascual). En el catastro industrial de 1829, figura una tienda propiedad de Miguel Díaz que compartía su actividad con los chocolateros Mariano Gil (tienda) y Miguel Zapater.

    En 1851 se fundó en Madrid , "Chocolates Matías López", la primera empresa chocolatera con producción industrial. Matías López, escribió varios libros sobre el origen, uso y fabricación del chocolate, y fue pionero en el uso de la publicidad. El chocolate empezó a venderse en tabletas envueltas con su marca y reclamos en forma de cromos y postales. En 1854 había en Alcañiz las lonjas de chocolate de la viuda de Miguel Díaz, de Lorenzo Alonso, de Ramón Dehesa, de la viuda de Mauel Marquéz y los chocolateros Elías Navarro y Antonio Cerdán. Unos pocos años más tarde, en 1864, se nombra la fábrica de chocolates de Aniceto Abejar.

    En septiembre de 1867, bajo el título de "La Carmelitana", se promocionaba como gran fábrica de chocolate, cerería y confitería, una tienda de alimentación de la Plaza del Carmen nº 36. Su propietario, Vicente Díaz, con dos tercios de siglo en el oficio aseguraba la calidad de sus chocolates por la buena elección de azúcares y canelas, a pesar de no poder disponer del cacao que antes venía de las colonias americanas y que tras su pérdida, fue sustituído por el de Guinea. Los chocolates, molidos a mano y a máquina, se vendían en Tortosa, Morella, Zaragoza y Barcelona. Los precios iban desde los 4 a los 7 reales por libra de chocolate.

    En 1885 los chocolateros alcañizanos era, Vicente Blanc Burgués, Nicolás Sancho Zapater y Vicente Díaz, cuya "Fábrica de Chocolates Vicente Díaz" de la calle Alejandre nº2, se especializó en la elaboración de este producto que vendía por todo el país. En 1895 la fábrica estuvo en manos de Miguel Díaz y Compañía. Entre 1899 y 1937, fue dirigida por Miguel Díaz Gascón quien a primeros del siglo XX la electrificó.

    La otra empresa chocolatera que mantenía su actividad por esas fechas era la de Jerónimo Gil Bonet con "Chocolates y Cafés Gil"

    En 1925 se abrió al público la confitería "El Buen Gusto" de Antonio Alejos y Carmen Pamplona en la calle Alejandre nº 2.

    Durante la Guerra Civil, Alcañiz sufrió los daños de los bombardeos de la aviación italiana y las dos fábricas de chocolate dejaron de funcionar. El 26 de marzo de 1938, la fábrica de "Chocolates, Confitería y Ultramarinos" de Jerónimo Gil, acusó las dificultades del momento y anunció que se traspasaba por no poder atenderla. Sin embargo, entre los años de 1940 y 1945, mantuvo la matrícula industrial de un molino de cacao situado en la calle de Amposta nº 1 y se anunciaba en las Fiestas Patronales de Alcañiz de 1943 (Archivo Municipal de Alcañiz)

    El chocolate, como otra afinidad de alimentos fue un producto racionado en la posguerra. En 1941, "Chocolates Díaz" reabrió sus puertas bajo la dirección de Miguel Díaz Ferrer, con dos molinos de cacao en la plaza Mendizábal.

    La empresa "Chocolates Díaz" patrocinó, entre otras, una colección de 40 cromos titulada "Animales prehistóricos", dibujados por el ilustrador y acualerista valenciano Juan Masiá López. El dorso del cromo contenía una breve explicación acerca del animal representado, unas lecturas que estimularon la imaginación infantil en una época de escasos conocimientoas paleontológicos.

    Hacia 1954, la "Antigua Fábrica de Chocolates Díaz", se publicitaba junto a su otra actividad empresarial, "Hidroléctrica Industrial, S.A. En la década de los años 60, cerró definitivamente sus puerta y la fábrica de chocolates cayó en un progresivo estado de abandono. Finalmente, en 2022 sus propietarios vendieron parte del edificio situado en la calle de los Escolapios.

    Por su parte, la pastelería Alejos se mudó, en el año 2000, desde la Plaza de España a la calle Blasco, ahora gestianada por Antonio Alejos y María Isabel Palomo, últimos representantes de la dulcería tradicional alcañizana tras cien años de una actividad continuada.

   Los autores agradecen a las familias Díaz y Alejos, así como al Archivo Municipal de Alcañiz, la ayuda prestada para realizar el presente trabajo.

    Artículo publicado en la revista Compromiso y Cultura nº 113

    

IRREGULARIDADES DERIVADAS DEL PAGO DEL VILLAZGO DE LA CODOÑERA.

 

    La obtención del privilegio de villazgo por parte de un lugar  y su independencia de la ciudad  de la que dependía  ofrecía notables ventajas al poder disponer de la jurisdicción civil y criminal en el territorio designado. Sin embargo, la concesión suponía un enorme gasto que debían afrontar todos los vecinos. El 17 de sepetiembre de 1771, se convocó al vecindario de La Cododeña para que se definiera respecto a las obligaciones y gastos que implicaría la concesión del Real Privilegio de Villazgo. El 95% de los asistentes estuvo de acuerdo. Quienes no asistieron fueron convocados en la Sala Capitular del Ayuntamiento. Las viudas y enfermos fueron visitados en sus casas por el alcalde y escribano, contándose entre ellos 72 vecinos a favor y 16 contrarios al villazgo. El 21 de mayo de 1776, Carlos III elevó al Lugar de La Codoñera a la categoría de Villa por tener una población de 210 vecinos útiles y 50 pobres (que carecían de bienes). La Hacienda Real, siempre necesitaba recursos, obtenía importantes cantidades de dinero en los procesos de emancipación. Ese dinero comprendía el pago a la Hacienda Real, los honorarios de los procuradores que realizaban las gestiones y la "Media Annata" que se satisfacía directamente a la Hacienda Real como beneficiaria de los cargaos públicos que se habían creado. El 5 de mayo de 1776, se firmó la escritura de pago del Real Servicio y la Media Annata que debía hacerse cada 15 años. A cada vecino le tocaría pagar 7.500 maravedíes.

    En 1772 se hizo un primer reparto (3.029 libras, 16 sueldos y 4 dineros) entre todos los vecinos, a razón de 9 libras de aceite por molada de aceitunas. Cuatro años más tarde, en 1776 hubo un segundo reparto para gastos no contemplados anteriormente (5.543 libras, 11 sueldos y 8 dineros). En 1780 se realizó un tercer reparto (510 libras) proporcional a los bienes que cada vecino tenía, el cual incluía los gastos originados por la visita del comisionado del Real y Supremo Consejo, del escribano, del asesor del ayuntamiento, una inspección ocular y la confección de un mapa de los terrenos litigiosos entre las villas de Castelserás, Torrevelilla y La Codoñera, que mandó realizar el Supremo Consejo en 1780, cuyo importe se repartió entre las tres villas litigantes. Las derramas fueron consideradas excesivas por Pedro Sanz de Thomas y por Miguel Insa, regidor segundo y diputado del común en 1781, quienes con 46 vecinos demandaron a los miembros de los ayntamientos de 1776 a 1781 y denunciaron la inacción constante del alcalde por su parentesco con aquellos. El 18 de febrero de 1782, comenzó un largo litigio ante la Real Audiencia de Aragón durante el que se sucedieron las irregularidades administrativas, el favoritismo de parientes, los abusos de poder, la falsificación de documentos, sentencias y recursos, que se prolongó hasta el año 1799, período durante el cual fallecieron muchos de los implicados.

    En un primer auto dictado en junio de 1782, el fiscal mandó devolver las cantidades cobradas en exceso en los dos últimos repartos y exigió la presentación, ante la Intendencia del Reino, de las cuentas de lo repartido y cobrado a los vecinos. Autorizó la reunión del Consejo General de Vecinos para dar a conocer el auto con el cese de los repartos y la devolución del exceso. Los demandados se opusieron y argumentaron que el libro de actas había sido manipulado cuando ellos dejaron el ayntamiento. las cuales mostraban sospechosas alteraciones de fechas, señales de raspado y enmiendas. Parece que el escribano, después de empezar a escribir con letras anchas y líneas apretó las líneas del reparto, como si le faltara papel, para dejar espacio a las firmas del pie de página que había recogido en blanco. En esa época, la contabilidad de un reparto de 5.000 libras era complicada y llevaba un mes de cálculos, sin embargo, en esa ocasión fue muy rápido y enseguida estuvo firmada por el escribano, sin aparecer muchas de las firmas de los presentes que sabían escribir. El fical reclamó el libro de repartos y paralizó temporalmente las devoluciones en una Real Provisión y Despacho del 3 de octubre de 1782. En una sentencia del 16 de noviembre de ese año, impuso una multa de 100 libras a cada uno de los componentes de los ayuntamientos, prohibió hacer más repartos y condenó al escribano a dos años de inhabilitación.

    El alcalde Joseph Faci y el escribano Francisco Alcober  denunciaron por vía criminal a Pedro Sanz y Miguel Insa, y los encerraron dos días en la cárcel del lugar en mayo de 1783. La sentencia de la Real Audiencia de Zaragoza del 27 de enero de 1786 los absolvió y condenó al alcalde y al escribano a devolver lo cobrado por las costas de un proceso a las que no tenían derecho, a la devolución de las cantidades percibidas y a indemnizar a los afectados con 6 reales de vellón por cada que estuvieron presos, además de pagar las costas procesales. Los componentes de los ayuntamientos de 1772 a 1776 fueron obligados e entragar las cuentas en el plazo de tres meses y forzados a apremiar a los vecinos morosos. En 1787, la Audiencia exigió también la presentación de los justificantes de los repartos y dos años más tarde, dictó un auto que confirmó la falta de permiso para efectuar más repartos. El 4 de septiembre de 1790, el Consejo de Castilla, por medio del Conde de Campomanes, mandó que se cumpliera lo pedido por Pedro Sanz y Miguel Insa, pero la sentencia fue recurrida. El 15 de noviembre de 1791, el escribano Francisco Alcober presentó un escrito negando la acusación de haber cobrado 262 escudos del primer reparto.

    El 4 de octubre de 1793, la Audiencia remitió, por separado, las cuentas al tasador general y al contador de la Audiencia, para que resolvieran de modo justo. El tasador alegó que no podía afirmar que las partidas fueran conformes con el Real Arancel, afirmando que lo dado en gratificaciones no era válido y mandó que se pasaran los autos al contador. El 13 de octubre los procuradores de los acusados pidieron su absolución. Blas de Torres, contador interino de la Audiencia, fue designado, en noviembre de 1794, para estudiar los gastos de las partidas. En su informe, expuso que algunas no se podían probar por no saber si el reparto se hizo con equidad; pero que el segundo reparto se hizo sin permiso, sin haber justificado las cuentas del primero, motivo por el cual el fiscal había ordenado en junio de 1782 que los ayuntamientos devolvieran las cantidades cobradas de más y en julio de 1783 declaró la nulidad del segundo reparto y el derecho al reintegro. El contador rechazó muchas partidas de gastos por carecer de justificante y por tener dudas en su importe, negándose a reconocer las gratificaciones, regalos y dietas abultadas. Otras partidas no fueron aceptadas, como aquella de 1778 que fue empleada en la defensa de un pleito por los derechos de leñar y herbar en Belmonte. Tampoco aceptó muchos relativos a viajes y dietas. Como ejemplo, las 640 libras dadas a Joseph Serrano, juez comisionado por derechos y dietas de los 50 días que empleó en su trabajo, incluyendo el viaje de ida y vuelta a Madrid, 12 libras y 16 sueldos, cifra muy elevada que triplicaba la que cobraba un togado del tribunal del Real Consejo o de la Real Audiencia. Se rechazaron pagos injustificados, como los 200 sueldos al escribano Gaspar Dalmau por derechos y gratificaciones, relacionado por con un viaje que no hizo. El contador solicitó la devolución de 149 libras en este caso. Las 72 libras destinadas al coche del comosionado y del alguacil que venían de Madrid también fueron objetados, argumentando que el pueblo no estaba obligado a cubrir el costo del carruaje. Otras partidas rechazadas eran por el excesivo pago de intereses, muchos de ellos entre el 3 y el 10 por ciento. El 6 de noviembre de 1797, el contador sentenció que se devolvieran a los vecinos 3.983 libras y 16 sueldos. Sin embargo, la sentencia definitiva, dada en Zaragoza el 25 de junio de 1799, absolvió a todos los acusados.

    Artículo publicado en la revista Compromiso y Cultura nº112

EL ASESINATO DEL ALCALDE DE CASTELSERÁS EN 1874

 

    La noticia del asesinato

    El 2 de agosto de 1874, el diario republicano federal madrileño La Igualdad publicó una escueta noticia sobre el rumor de la muerte de Pablo Lop, alcalde de Cstelserás, asesinado por los carlistas. Según constara en el sumario, su mujer con sus dos sirvientes por un lado y su hermano Pascual Lop, salieron a buscarlo sin hallarlo. El juez municipal mandó cortar las aguas del la Acequia Vieja para efectuar un reconocimiento, y en ella se halló el cadáver de D. Pablo Lop, con multitud de heridas por todo el cuerpo, incisas unas y contusas otras, de las cuales, una en la ingle y dos en la cabeza fueron calificadas de mortales.

    El cabecilla Gamundi ha dado órden para que en el Bajo Aragón cese el servicio de correos. También se asegura que el alcalde de Castelserás  ha sido muerto por los carlistas.

    Pablo Lop Bielsa, hijo de Domingo Lop y Antonia Bielsa, estaba casdo con Mariana Lis, tenía una hija, Antonia Lop. En 1873 compró el granero de la Diezma de La Codoñera, perteneciente a los Bienes de Propios, que había sido desamortizado y subastado. En 1874 era alcalde de Castelserás y capitán de voluntarios, elegido por los propios milicianos. Los carlistas se refrían a él como "El Churros". Tenía dos hermanos; Mariano Lop, hornero y voluntario carlista en la anteriores guerras, y Pascual Lop.

   Por esas fechas las patrullas carlistas se movían con libertad por el Bajo Aragón. Después del frustrado ataque a Teruel, los carlistas se trasladaron a Castelserás donde planearon el ataque contra Alcañiz que realizaron el 13 de ese mes. Tras el fracaso intentó en tomar la ciudad, las fuerzas carlistas se dispersaron pero continuaron dominando el territorio.

   En la correspondencia mantenida entre el general Lizárraga, comandante de las tropas carlistas de Aragón, el general Pavía, jefe del ejército liberal, en un intento por humanizar la guerra, éste en una carta fechada el 1 de septiembre de ese mismo año, reprochó a su adversario los desmanes que sus tropas habían cometido entre los cuales nombra el fusilamiento del alcalde de Castelserás.

   La instrucción del proceso

   El 7 de enero de 1875, el juez de primera instancia de Alcañiz, Juan Clemente Bernal, emplazó a:Manuel Tivor Gerona, alias Manolo el Trompeta, de Alcañiz; los corredores de Castelserás Tomás Royo Navarro y Cosme Tallarda Royo; Ramón Goñi Buñuel, hijastro del Escolano; José Sancho Sodric, alias Camarillas; los vecinos de Castelserás, Manuel Fontova Gargallo; Antonio Hernández Torrillas; Manuel Torrillas Albalate; Alejandro Valero Valero, hijo del Estudiante; Felipe Rebullida Ruiz de Ginebrosa; Vicente Espada, hijo de Miguel de Calanda, recaudador de contribuciones.

   El 11 de septiembre el juez de primera instancia de Alcañiz emplazó a Hipólito Oliveros y a Francisco Cebrián Barberán, en paradero desconocido. El juez determinó que cuatro personas participaron en el asesinato: Lorenzo Zurita Soler "Cureta", Francisco Cebrián Barberán, Hipólito Oliveros, que había fallecido; y un fugado Manuel Ballesteros. Los acusados que "lo llevaron secuestrado y que se jactaron, después de haber concurrido su muerte". El Promotor fiscal pidió para ambos la pena de cadena perpetua, y el Procurador de los procesados la libre absolución. Considerando que constituía un delito de homicidio, no concurrían circunstancias eximentes, atenuantes ni agravantes de responsabilidad, ni aun la alevosía. El 8 de septiembre el Fallo condenó a Lorenzo Zurita Soler y a Basilio Torres Carbó a la pena de 17 años de reclusión temporal en toda su extensión, indemnización de 8.000 pesetas a la viuda, Pascuala Monreal y Rulla y al pago por mitad cada uno a la mitad de las costas procesales.

   Los acusados

   Los encausados, soldados carlistas, pertenecían a la Ronda de Alcañiz que mandaba Nicolás Carceller, alias "El Seco de las Parras" con 70 infantes y 6 caballos. Su misión principal era el cobro de las contribuciones trimestrales, si era necesario empleando métodos coactivos. Se dividían en pequeños grupos, recorrían los pueblos del Bajo Aragón, situados a ambos lados de la carretera de Morella. Siempre iban acompañados por un recaudador que entregaba un documento con lo cobrado con el después debían acudir a liquidar en Cantavieja.

   Lorenzo Zurita Soler "Cureta", vecino del Mas de las Matas era hijo de José Zurita y de Rosa Soler, soltero de 27 años, labrador que sabía leer y escribir. En la primavera de 1878, el juez de primera instancia de Castellote acosó a Lorenzo Zurita del asesinato de José Calaf, portador de una parte del General Despujols, el primero de enero de 1875 en Castellote como miembro de la partida del Seco.

   Francisco Cebrian Barberán, alias Perero el del Batán, era vecino del Mas de las Matas, de 27 años. Había fallecido.

   Hipólito Oliveros, del Mas de las Matas, de 21 años en 1877, estatura regular, pelo castaño, ojos pardos; vestía pañuelo de seda a la cabeza, chaqueta de pana negra, calcillas azules, alpargatas miñoneras, era tartamudo. El 24 de octubre, el juez de Castellote requirió su presencia para acusarlo del homicidio de Francisco Gil, convecino suyo.

   Manuel Ballesteros Roy "Zapatero", era el jefe del 5º batallón carlista de la 1ª división de Aragón. Se ignoraba su paradero.

   La sentencia

   Los acusados fueron juzgados por la Sala de lo Criminal de la Audiencia de Zaragoza, por detención ilegal, hurto y asesinato de Pablo Lop. El 4 de mayo de 1877 se pronunció la sentencia que condenó a Lorenzo Zurita y Francisco Cebrián. El 1 de septiembre de 1877, el Tribunal Supremo de Justicia declaró no haber lugar al recurso de casación admitido de derecho que interpusieron los reos Lorenzo Zurita y Francisco Cebrián. El 1 de septiembre de 1877, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia y remitió al Ministerio de Gracia y Justicia, el expediente para la conmutación de la pena de muerte dictada contra Francisco Zurita y Francisco Cebrián. Simultáneamente, el Ayuntamiento de Alcañiz y el diputado a Cortes por el distrito de Alcañiz, Francisco de Paula Giménez Gil (1877-1880), solicitaron la clemencia de Alfonso XII y de su madre, la reina Isabel II, para que indultara a los condenados.

   El indulto

   La ejecución estaba prevista en la Glorieta de Alcañiz el día 11 de octubre. Durante la tarde del día anterior corrieron insistentes rumores acerca de un posible indulto, los cuales no se vieron confirmados hasta la noche. La buena noticia fue comunicada de madrugada a los condenados. Alfonso XII había conmutado la sentencia de muerte por la de cadena perpetua. El cambió fue publicado en la Gaceta de Madrid del día 20 de octubre de 1877.

   El 18 de julio de 1874, completado por el de 29 de junio de 1875, el Gobierno publicó un decreto con las instrucciones para el embargo de bienes a los carlistas en armas. El destino de estos bienes era indemnizar a las personas perjudicadas por los daños sufridos, y pagar a los herederos de aquellos que hubieran sido. En la relación de auxilios provisionales acordados por el Consejo de Ministros en favor de los inútiles, huérfanos y desamparados con arreglo a los cuadros aprobados por Real Orden del 8 de julio de 1876, a Antonia Lop Lis, le fue concedido un auxilio provisional de 250 pesetas (Gaceta de Madrid del 14 de diciembre de 1877

   La causa del asesinato no estaba clara, pudo tratarse de alguna venganza personal originada en su etapa de recaudador. También pudo ser el resultado de una violencia causada por miembros de la Ronda de Alcañiz, que al mando del "Seco de las Parras", se encargaba de la recaudación de las contribuciones a ambos lados de la carretera de Morella. Como recaudador, debía conocer los nombres de los principales contribuyentes y quizás opusiera alguna resistencia a facilitar nombres o a pagar dichas contribuciones. Igualmente cabe la posibilidad de que lo mataran por su pertenencia a los Voluntarios de la República.

                                       MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

                                                  REALES  DECRETOS

   Vista la copia certificada de la sentencia que pronunció la Sala de lo criminal del Tribunal Supremo en el recurso de casación admitido de derecho contra el fallo dictado por la Audiencia de Zaragoza en causa seguida á Lorenzo Zurita Soler y Francisco Cebrián Barberán, condenados á la pena de muerte por delito d asesinato.

   Considerando que los reos han dado pruebas de arrepentimiento:

   Teniendo presente lo dispuesto en el art. 29 de la ley provisional de 18 de junio de 1870, que dictó reglas para el ejercicio de la gracia de indulto:

   Oído el Tribunal sentenciador, y de acuerdo con el parecer de mi Consejo de Ministros.

   Vengo en conmutar la pena de muerte impuesta á Lorenzo Zurita Soler y Francisco Cebrián Barberán, en la causa de que ha hecho mérito, por la de cadena perpetua.

   Dado en Palacio á 10 de octubre de mil ochocientos setenta y siete. 

                                                                                                                  ALFONSO

                       El Ministro de Gracia y Justicia

                        Fernando Calderón y Collantes

Artículo publicado en la revista Compromiso y Cultura nº 109

   

SELLOS MUNICIPALES

 

    Desde la Edad Media, las villas y ciudades disponían de un sello para autentificar sus documentos; las poblaciones que no pasaban de lugar o lloc tardaron muchos en disponer de este instrumento administrativo. A mitad del siglo XIX, se insistió para que cada ayuntamiento tuviese sello municipal. El 30 de agosto de 1840, una orden del Ministerio de la Gobernación instaba a todos los ayuntamientos a adoptar un escudo propio para evitar los fraudes debidos al desconocimiento de los nombres y firmas que autorizaban los documentos y certificaciones de quienes pudiendo incorporarse a sus puestos en el ejército, pasaban revista ante los alcaldes de su pueblo. Para cortar los abusos se pidió que los ayuntamientos tuvieran un sello especial para sellar todos los documentos relativos a militares. En marzo de 1886, se publicó un "Proyecto de Ley de organización y atribuciones de los Ayuntamientos". Un decreto señaló la forma de los sellos que los alcaldes y ayuntamientos debían usar en los documentos oficiales.

    Los impresos de las corporaciones debían llevar al pie un lugar para la firma del alcalde, a la derecha y otro espacio para el sello de la alcaldía, a la izquierda.

    Desde 1846 se usó un sello con la leyenda "Alcaldía Constitucional D Codoñera" en letra capital, el escudo del reino de España (sin las armas de Aragón y Navarra) y las flores de lises de la monarquía borbónica, esquematizadas.

    El 15 de septiembre de 1870 las Cortes promulgaban la " Ley orgánica del poder judicial" que ordenaba la existencia de un juez municipal en cada término.

    El titular del juzgado tenía la obligación de residir en el pueblo donde ejerciese sus funciones. Las atribuciones del juez municipal en materia civil consistían en atender pequeñas demandas de los habitantes e intervenir en la celebración de los actos de conciliación. Si no mediaba solución o la complejidad del caso lo requería, actuaban como auxiliares para tramitar los expedientes ante organismos superiores más capacitados.

    En el ámbito penal, antigua faceta que hasta entonces había estado reservada a los alcaldes de los ayuntamientos, el juez municipal era competente para mediar en los juicios de faltas e instruir a prevención las primeras diligencias en las causas criminales, antes de que estas fueran comunicadas a organismos superiores. Desde 1871 hasta 1897, el sello del juzgado de paz de La Codoñera llevaba las barras de Aragón y la corona real.

    Hacia 1897 las barras fueron sustituidas por el escudo borbónico en el sello del juzgado municipal, el mismo sello municipal.

    Entre 1908 y 1930 cambió la forma del escudo. El sello del ayuntamiento mantuvo el escudo simplificado de España que se acompañaba con el título de "Alcaldía Constitucional" como en este membrete de 1917.

    En los primeros meses tras la proclamación de la Segunda República (el 14 de abril de 1931) se siguió empleando el escudo borbónico de Alfonso XIII. Durante la República, el escudo monárquico desapareció del sello municipal, sustituido por el republicano, timbrado por la corona mural, distinta de la corona borbónica, con el lema de "Ayuntamiento constitucional", tradicional desde el siglo XIX. Aparecen las armas de Cataluña, Aragón y Navarra.

    A primeros de agosta de 1936 el ayuntamiento es reemplazado por el Comité Antifascista.

    El 19 de enero de 1937 el Consejo de Aragón promulgó un decreto para sustituir los Comités Revolucionarios Antifascistas por Consejos Municipales. El nuevo sello lleva el escudo oficial de la República, con una corona mural, pero sin las columnas. En agosto de 1937 fue disuelto el Consejo de Aragón y se formaron comisiones gestoras, que duraron hasta marzo de 1938.

    El 19 de marzo de 1938, las tropas franquistas ocuparon La Codoñera. Se adoptó un sello que fue común para todos los ayuntamientos y que se empleará hasta 1975: el escudo de armas de los Reyes Católicos con el haz y el yugo, el Águila de San Juan.

    En 1956, una orden del ministerio de la Gobernación mandó que cada ayuntamiento tuviera armas propias para diferenciarlo de los demás. Desde el año 1960 encontramos un nuevo sello que recupera el antiguo escudo de La Codoñera con un membrillero y la corona, que con ligeros cambios se mantiene en la actualidad.

    Artículo publicado en el programa de fiestas de San Cosme y San Damián en septiembre de 2023.

LA CARRETERA MILITAR DE MONROYO A ALCAÑIZ

 

    Durante la primera guerra carlista los mandos del ejército liberal se quejaron de las enormes dificultades que tuvieron para llevar los transportes de vituallas y los trenes de artillería a través del abrupto relieve del Maestrazgo. Cuando sólo se trataba de pequeñas columnas, al igual que les pasaba a los carlistas, se anduvo por senderos y caminos de herradura; pero cuando se plantearon los asedios a las plazas fuertes, principalmente a la de Morella, hubo que habilitar los caminos para adaptarlos a las nuevas necesidades. En la Guía General de Correos del año 1830, se mencionan los itinerarios que comunicaban mediante carruajes, las ciudades de Alcañiz y Monroyo, cuya distancia es coincidente, 11 leguas. El primer itinerario iba por Monroyo: de Alcañiz a Valdealgorfa había 2 leguas, otras 2 a Belmonte y 2 más a Monroyo, 2 más a La Pobleta de Monroyo y 3 hasta llegar a Morella. El otro camino era por Calanda: 3 leguas a Monroyo, 2,5 hasta Aguaviva y 5,5 más para Morella.

    En julio y agosto de 1836, el general Marcelino Oraá empleó el camino de Castelserás a Torrevelilla, la Cañada y La Cerollera para llevar su tren de artillería y suministros al sitio de Morella. Luego, tras fracasar el asedio, tuvo que retirarse por el mismo camino. Cabrera movió su limitada artillería contra Calanda y Alcañiz, empleando el esfuerzo de los prisioneros liberales a quienes obligó a trabajar en la carretera de Morella, camino que luego se vio en la necesidad de destrozar para evitar que fuera empleado por sus enemigos. Espartero, con un ejército mucho más numeroso. empleó a los ingenieros militares para suavizar las fuertes del camino de Morella en la primavera de 1840, al tiempo que situaba fuerzas en Valdealgorfa y en las ermitas de Fórnoles y de La Consolación para proteger el paso de los convoyes.

    La carretera de Aragón ha recibido diferentes nombres con el paso del tiempo, Camino de Monroyo (1839), Camino de Aragón (1840), Carretera del Maestrazgo (1840), Carretera de Castellón (1852), Carretera de Morella (1852), etc. En julio de 1840, el diputado aragonés Ramón María Temprado, planteó la necesidad de construir un camino militar que evitara los males que habían sufrido en la última guerra para ir desde Castellón de la Plana por Morella hasta Zaragoza. Se proyectaron dos carreteras, una de Morella a Vinaroz, que fueron publicadas en la Gazeta de Madrid del 2 de enero de 1842. Entre 1846 y 1849 surgieron nuevas partidas carlistas en el Maestrazgo (Segunda Guerra Carlista). El general Villalonga, consciente de las dificultades para moverse por la zona, fue uno de los principales impulsores del proyecto de carretera entre San Mateo y Alcañiz. Las obras comenzaron el 15 de febrero de 1847 por el tramo entre Sant Mateu y Morella, dirigidas por los ingenieros militares José Gómez Ortega y Tomás Enguinados, lo que permitió dar empleo a varios centenares de jornaleros sin trabajo y evitaron así alteraciones del orden público. La Revista Militar de octubre de 1848, se interesaba en habilitar un camino militar de Morella Alcañiz por: el Estrecho de Portes, La Pobleta de Monroyo, Monroyo, ermita de la virgen de la Consolación, Venta de la Ramona, barranco de Val de Luna, Virgen de Fórnoles, Valdealgofa, masía de Blanca, Cruz de los Moros y Alcañiz. Una de las principales dificultades del trazado era el barranco de Luna, por su fuerte pendiente que debería suavizarse por la falda de la montaña. Luego el camino seguía muy llano por la divisoria de aguas entre los ríos Mezquín y Matarraña. Opinaban los ingenieros, que este camino era preferible a la alternativa de ir por La Cerollera, la Venta de la Cañada y Castelserás. Existía un tercer itinerario que iba por el antiguo camino de La Cerollera por Belmonte, La Codoñera y Torrecilla. Sin embargo, estas dos últimas alternativas, aunque salvarían el obstáculo del barranco de Luna, obligaban a pasar por el barranco del Moro o por el barranco de La Mina, atravesando un terreno muy áspero, y a renunciar al buen camino que se venía después del Barranco de Luna hacia Alcañiz, que al igual que los demás, había sido recompuesto por Espartero. Por la vía propuesta, el tiempo necesario para ir de Morella a Alcañiz, se reducía a 15 horas. En 1847 se trabajaba en el camino de Castellón a Alcañiz, a cargo del coronel de ingenieros Tomás Lopera. El 14 de enero de 1852, una Real Orden declaró de primer orden a la carretera de Castellón a las Ventas de Valdealgorfa. En 1852 se publicó el Itinerario Topográfico de Castellón a Alcañiz y de Vinaroz a San Mateo, por los capitanes Vicente Alcalá del Olmo y Carlos Prendergast, del Cuerpo del Estado Mayor.

    En el segundo semestre de 1855 estaban trabajando en el trozo de carretera que finalizaba en Monroyo, 11 brigadas, 10 sobrestantes alistadores, 70 capataces, 2 carpinteros, 2 herreros, 1.434 peones y 7 canteros, auxiliados con 6 carros y 9 acémilas. La carretera se ajustó al terreno escarpado que evitó el transporte de tierras, aunque a costa de forzar el trazado a numerosas curvas. En junio de 1859 se subastó el tramo de carretera entre Monroyo y el límite de provincia, último que faltaba. La carretera de Castellón a las Ventas de Valdealgorfa, fue declarada de primer orden por Real Orden de 14 de enero de 1852, pero el Plan General de Carreteras de 1864 la declaró carretera de segundo orden.

    Según el Itinerario Descriptivo Militar de España, publicado en 1846, la distancia entre Morella y Alcañiz era de 70,5 Km dividida en tres etapas de marcha ordinaria. La primera hasta Monroyo de 31,5 km, la segunda hasta Valdealgorfa de 29, 5 km y la tercera de 9,5 km hasta Alcañiz. Desde Monroyo, el terreno descendía lentamente y a los 8,5 km cruzaba el barranco de Val de Luna, para ascender con fuerte pendiente y salvar en 10 km las alturas que limitaban el curso del barranco. El descenso era más suave por un terreno cortado por gran número de barrancos que desaguaban en el río Guadalope. A 16,5 km a la derecha, se pasaba por la ermita de Ntra. Sra. de Fórnoles. La carretera corría por un terreno ligeramente ondulado hasta el km 29, 5 donde enlazaba con la de Alcolea del Pinar, y luego por ella hasta Alcañiz.

    Los temporales estropeaban el camino al cortar puentes y alcantarillas. Al inicio de la Tercera Guerra Carlista, a finales de noviembre de 1873, el capitán general de Aragón, no pudo pasar de Monroyo con su artillería rodada por el mal estado de la carretera y las espesas nieblas que ocultaban las montañas. Los carlistas bloquearon, en 1874 y 1875, la plaza de Morella. Desde Alcañiz los convoyes enviados debían remontar el barranco de Val de Luna, donde la partida volante del Seco de las Parras estaba permanentemente instalada y registraba a los viajeros exigiendo un peaje. En los meses de abril y mayo de 1874, Cucala desde Valjunquera dominaba el tránsito entre Monroyo y Alcañiz. En septiembre del mismo año, destrozaron los puentes y alcantarillas de la carretera y entre Monroyo y La Pobleta se abrieron zanjas y trincheras para impedir el paso de los carros. En mayo de 1875, el alcalde de Castelserás fue obligado por los carlistas a mandar 80 hombres y 20 caballarerías para destruir los puentes y obras de la carretera de Morella en el paraje de la Val de Luna, labor que prosiguieron en La Pobleta, pero no pudieron evitar el paso del convoy de socorro del general Despujols, a pesar de lo expuesto del terreno

    En los primeros años de la década de 1900, los carruajes tirados por mulas empezaron a se sustituidos por vehículos a motor, que causaban espanto entre los viajeros ante el estado de la carretera con sus precipicios y fuertes pendientes. Durante la Guerra Civil, a finales de marzo de 1938, el frente de guerra entre las tropas republicanas de Líster y Tagüeña, y el C.T.V. italiano, se estabilizó durante dos semanas a lo largo de esta carretera, frenando el avance de las tropas franquistas hacia el mar y consiguiente división del territorio republicano. La carretera fue bombardeada por la aviación italiana, principalmente los nudos de las Ventas de Valdealgorfa y Fórnoles. La ocupación del estratégico cruce de Las Ventas, procedida de intensos combates, obligó a los republicanos a mover sus fuerzas por la carretera de Fuentespalda. También forzó a los refugiados que huían del paso del frente en dirección a Cataluña a marchar hacia Castellón y Valencia. Entre 1945 y 1953, los maquis venidos de Francia aprovecharon esta vía para internarse en el Maestrazgo. Como resultado del enfrentamiento, las autoridades militares forzaron el abandono de las masías y ventas que jalonaban la carretera. Se repetía el mismo esquema de actuación empleado desde el final de la primera guerra carlista, con la diferencia de que éstas ahora ya no volverán a ser habitadas.

    Desde 1900 se empezó a trabajar en la adaptación de la carretera a necesidades de los nuevos tiempos. Tras 25 años de incidencias, en 2019 se inauguró oficialmente, reduciendo el tiempo empleado para viajar a de Alcañiz a Morella a unos 40 minutos frente a los 60 minutos anteriores a las obras. La construcción del viaducto de Val de Luna, con sus 800 metros eliminó 17 curvas peligrosas, causa de muchos accidentes. La mejora de la movilidad abre nuevas posibilidades económicas y turísticas para la región, aproximándola al Mediterráneo y suprimiendo el aislamiento que durante siglos padeció.

        Artículo publicado el revista Compromiso y Cultura nº 108

LA VERDAD, ÚLTIMA NOVELA DE MOLINS

 

   " La Verdad" como título de la novela y subtítulo "El Crimen Fantástico de Castelserás", nos narra un suceso basado en hechos reales ocurridos en el año 1909. Se podría considerar el Crimen de Cuenca Aragonés. El hecho tuvo una gran repercusión mediática y un fuerte impacto social. Apareció en muchos periódicos de la época y se representó en una obra de teatro en Madrid en el año 1919. La obra se desarrolla a partir de cinco crónicas publicadas en el periódico Heraldo de Aragón.

    Todo empezó por una flauta. La disputa se desencadenó al negarse el joven Antonio Moliner a devolver el instrumento al director de la banda municipal de Castelserás, tras abandonar la orquesta. Las amenazas de muerte proferidas por su padre, en medio de una acalorada discusión con el maestro de música y la posterior e inexplicable desaparición de éste, desataron en el pueblo un gran conflicto social.

    La novela refleja el ambiente de la época, donde las autoridades muestran el duro caciquismo dominante y el manejo de la gente en su provecho. Las fuerzas del orden sólo fueron capaces de arrancar la confesión a los encausados a base de golpes y torturas. Las propias gentes del pueblo, ignorantes y manipuladas, fueron propensas a tomarse la justicia por su mano. Todo ello, se nos cuenta a través de los ojos de un cura que intentó buscar la verdad, apaciguar los ánimos y evitar que la peligrosa situación social no estallara con consecuencias imprevisibles.

    En la obra se pone de relieve la difícil y compleja situación social que atravesó el país y especialmente el Bajo Aragón, a finales del siglo XIX y principios del XX, con las cicatrices aún abiertas de las guerras carlistas y la pérdida de las últimas colonias en 1898, junto a la falta de perspectivas de desarrollo y modernización, y sobre todo del caciquismo que condenó a mucha gente a la miseria o a la emigración para poder vivir dignamente.

    El regeneracionismo impulsado por Joaquín Costa, que visitó varias veces el Bajo Aragón, apoyado localmente por figuras como Juan Pío Membrado de Belmonte, surgió para intentar paliar el descontento social y tratar de poner remedio a la decadencia.

Comentario literario

    El libro se estructura en tres partes:

    Primera parte- Introducción: marco histórico, social, costumbres, presentación de personajes, marcha a Castelserás.

    Segunda parte- El conflicto- Enfrentamiento de Antonio y su padre con José Sancho Casanova, director de la banda de música. -Desaparición de éste último personaje. Detención de Antonio y su padre.-Inesperada solución final

    Tercera parte-. Fuentes, documentos en los que se basa la novela: artículos del ABC y del Heraldo de Aragón.

Estilo

    -Abundantes descripciones: fachadas de las casas, vestidos, comidas y útiles de labranza.

    -Cuadros de costumbres: la bendición de campos, la matanza del cerdo, la búsqueda de cangrejos, las hogueras de San Sebastián.

    -Retratos de los principales personajes: se nos muestra tanto los rasgos físicos como su mentalidad y psicología.

    -El diálogo: alterna continuamente narración y diálogo. Muchos sucesos los conocemos a través de las conversaciones de los personajes.

    -El lenguaje poético: cada capítulo acaba con unas líneas de poesía en prosa. Las descripciones y los sentimientos se expresan con frases poéticas frecuentemente.

    -La prosa se va entrelazando con refranes, frases hechas y palabras del habla local. Todo ello da frescura al lenguaje.

    -Intensa tensión dramática: 

     Ésta se dispara de golpe y de forma inesperada tras la desaparición del director de la banda: acusaciones falsas, motín popular, brutalidad policial, confesión forzada. Nada parece tener solución. Climax de la novela.

    Distintos sucesos inesperados llevan a la solución final. Anticlimax: encuentro con el muerto resucitado. Intervención del juez. Libertad.

    La novela se cierra de forma circular ya que los personajes volverán a probar fortuna en otro pueblo, esta vez Calanda.

    Artículo publicado en la revista Compromiso y Cultura nº 106.

RAFAEL GISBERT CATALÁN, JUEZ Y ALCALDE DE ALCAÑIZ

 

    Rafael Gisbert nació en Castelserás en el seno de una familia de propietarios rurales, fue el mayor de tres hermanos, uno de ellos, Antonio fue alcalde de Castelserás. Obtuvo su título de abogado el 2 de octubre de 1865 y ejerció la profesión hasta noviembre de 1868.

    La Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial, reguló las condiciones de acceso y ascenso en la Carrera Judicial. Los aspirantes a la judicatura debían ser Licenciados en Derecho, mayores de 23 años y superar un examen ante la Junta Calificadora, en Madrid. Los declarados aptos se integraban en el Cuerpo de Aspirantes. La Audiencia respectiva nombraba entre ellos a los jueces Municipales, Suplentes o Sustitutos. Un año más tarde, los Presidentes de las Audiencias elevaban el informe ante la Junta Calificadora y se nombraban los jueces a medida que se producían las vacantes. Sin embargo, los frecuentes vaivenes de la política de estos años permitían contar con avales suficientes para el acceso a la judicatura, prescindiendo de las cualidades del candidato.

    Rafael Gisbert fue nombrado Juez de Paz de Castelserás, por orden del regente de la Audiencia de Zaragoza, el 10 de diciembre de 1868, por un período de tres años. Luego fue Promotor fiscal de Alcañiz y de Híjar, donde permaneció hasta agosto de 1871 en que se declaró cesante a voluntad propia. En febrero de 1877, fue elegido concejal del ayuntamiento de Alcañiz. Ese mismo año se le nombró Promotor fiscal de Sos del Rey Católico y en el mes de julio, Promotor fiscal de Puigcerdá, cargo en el que estuvo hasta el 29 de enero de 1880, en que pasó a Valderrobres.

    Por R.O. del 23 de junio de 1881, ascendió a Juez de primera instancia de Mora de Rubielos, donde permaneció hasta el 3 de noviembre del mismo año en que fue trasladado a Huéscar y el 1 de diciembre a Torrente. El 20 de febrero de 1882, fue destinado a Morella donde intervino en el asesinato de dos guardias civiles y de un recaudador, suceso ocurrido en el camino de Castelfort a Tortosa en diciembre de 1882. El 3 de julio de 1883, regresó a Alcañiz como secretario de la Audiencia de lo criminal. El 30 de mayo de 1885, volvió a Morella. Desde el mes de febrero de 1889 hasta el mes de agosto de 1890, estuvo destinado en el juzgado de Inca en Mallorca y luego en Granollers, donde actuó en un caso de expedición de moneda falsa. El 12 de febrero de 1892, permutó su plaza por la de primera instancia de Caspe. En su nuevo destino estuvo sometido a fuertes tensiones. Dictó el expediente de apremio contra los bienes de los alcaldes de Fayón y de Chiprana por utilizar indebidamente los pastos y leñas de los montes comunes.

Amenazas contra el juez

    El calandino Juan José Gasca, diputado liberal por el distrito de Valderrobres en el año 1891, volvió a presentarse a las elecciones en 1893. En el distrito de Alcañiz quiso poner, a un hombre de su confianza, Augusto Comas Blanco, que aunque desconocido por el electorado, se valoraba su amistad con el ministro Miguel Villanueva y el apoyo del gobierno, frente al conservador Ripollés. El 17 de febrero de 1893, llegaron a Alcañiz, Gasca y su candidato ministerial Sr. Comas, para recorrer los pueblos y atraer el voto de aquellos poco inclinados a darle su voto, y como escribió la prensa, "...recomendar al encargado de la máquina electoral, la conveniencia de sujetar algún tornillo para ver de hacer doblar la cerviz o algún santón enemigo, que por lo visto los hay muy finos a pesar de las llamadas para asuntos de interés por el citado encargado".

    El 25 de febrero, el Diario de Zaragoza y el Diario Mercantil de Zaragoza publicaron una carta a Gasca, que había sido publicada el 25 de enero por el periódico conservador madrileño La Época. En ella, el exdiputado amenazaba al juez con futuros destinos itinerantes si no controlaba la indisciplina de sus hermanos en Castelserás, en los futuros comicios.

    La prensa zaragozana criticó las amenazas de traslado vertidas en la carta contra el juez y llamaba la atención del ministro de Gracia y Justicia, Montero Ríos, para que "...procediera en desagravio de la justicia amenazada", y para que el Ministerio Fiscal "...ejercite la acción que corresponde contra el que abusa de su poder o de su influencia".

El juez sancionado y trasladado

    La Audiencia abrió diligencias y poco después, la Sala de Gobierno impuso al juez, una corrección disciplinaria de suspensión de empleo y sueldo durante tres meses y pidió su traslado a otro destino alejado de Caspe y su entorno "para que pueda regenerarse y regenerar el prestigio de los Tribunales". Por R.O. de 22 de mayo de 1893, fue trasladado a Villanueva y la Geltrú. El periódico alcañizano publicó la noticia.

    El 13 de diciembre de 1893, como juez de primera instancia de Vilanova y La Geltrú, pidió ser declarado excedente. El diario barcelonés El Comercio, destacó su carácter recto y lo calificó de "buen juez".

Nuevos destinos

    El 12 de enero de 1894, abrió un bufete de abogado en Alcañiz en la calle Alejandre, donde residía. Un año más tarde, el 22 de junio de 1895, fue nombrado juez municipal de Alcañiz. El 6 de septiembre de ese mismo año, fue nombrado, en comisión de servicios, juez del partido de Dolores en Alicante. En 1896 desempeñó el juzgado de instrucción de Alcañiz, por indisposición de su titular, interviniendo en las diligencias por el asesinato de Eduardo Torrillas. A primeros de marzo de ese año, Rafael Gisbert publicó en el periódico alcañizano La Lealtad, unas notas que fueron consideradas por Juan José Gasca. Sus partidarios respondieron con otra carta en la que reprobaban los conceptos vertidos por el juez. Pero en un tono más suave, consideraban que éste estaba persuadido de las noticias y rumores en que había basado sus juicios, los cuales no tenían fundamento y que por ello no afectaban a su honor dando por zanjada la cuestión. El 3 de junio, el Senado discutió sobre la aptitud legal del senador electo por la provincia de Teruel, Juan José Gasca, quien al mismo tiempo, era consejero de la Compañía del Ferrocarril de Zaragoza al Mediterráneo. Unos días después, juró su cargo de senador. Rafael Gisbert se jubiló de juez el 18 de enero de 1897, tras 27 años, 1 mes y 12 días de servicio.

Alcalde de Alcañiz

   El año 1897 fue particularmente agitado en Alcañiz, con la paralización del comercio y la crisis agrícola, que obligó a tener de forma permanente una compañía de ejército. La situación se agravó cuando en el mes de diciembre, el gobernador obligó a dimitir al alcalde Francisco Sales y a todo el consistorio municipal. En julio de 1898, era teniente de alcalde de la ciudad. El 14 de junio de 1900, estuvo presente en la reunión que trató sobre la petición de construir el embalse de Santolea y sus canales de riego y fue uno de los firmantes de la carta que publicó al día siguiente el Mercantil de Zaragoza. En 15 de marzo de 1901, dimitió el alcalde Jerónimo Blasco y los liberales propusieron a Rafael Gisbert, abogado en ejercicio. El 26 de marzo, fue nombrado alcalde presidente por Real Orden. Sin embargo, una parte del Ayuntamiento no lo aceptó por la contradicción entre la fórmula de su nombramiento por "real orden" y sus ideas republicanas. Rafael Gisbert declaró desde el principìo su resolución de no tomar posesión del cargo si no se cumplían determinadas condiciones. En las actas anteriores a la fecha de la real orden (por enfermedad de Gerónimo Blasco) y en las posteriores figura como "alcalde ejerciente" (alcalde en funciones). Por Real Orden del 20 de abril de 1901, le fueron admitidas las objeciones presentadas. El 22 de enero de 1905, estalló en Alcañiz un fuerte motín contra el impuesto de consumos, en lo que intervinieron fuerzas del ejército. Unos meses más tarde, Rafael Gisbert fue elegido alcalde presidente en la votación celebrada en la sesión del día 7 de junio de 1905 hasta el 1 de enero de 1906, volviendo a ser nombrado alcalde, hasta su renuncia en la sesión celebrada el 29 de mayo de 1909. Rafael Gisbert falleció en Alcañiz el 19 de febrero de 1916.

     Artículo publicado en la revista Compromiso y Cultura nº 103

LA FORZADA DIMISIÓN DEL ALCALDE DE ALCAÑIZ EN 1897

 

    El 4 de octubre de 1897, el liberal Mariano Mateo-Sagasta fue encargado de formar nuevo gobierno. Poco después fueron sustituidos los gobernadores civiles nombrados por el anterior gobierno conservador. Las siguientes elecciones para diputados a Cortes tendrían lugar a finales de marzo de 1898. El gobierno propuso como candidato encasillado al cunero Comas Blasco, pero era preciso convencer a los electores empezando por los alcaldes de las principales poblaciones que no eran afines. La pedagogía empleada consistía en llamar a los alcaldes para que se presentaran en el gobierno civil y plantearles su dimisión bajo amenaza de fiscalizar las cuentas ordinarias del municipio que presidian generalmente deficientes.

Los personajes

    Por R.O. el 26 de junio de 1897, Francisco Sales había nombrado alcalde del ayuntamiento de Alcañiz y tenía a Antonio Broc como teniente de alcalde. El ministro de la Gobernación era Trinitario Ruiz Capdepón, quien por tercera vez ocupaba este cargo. El 12 de octubre de 1897, Francisco Galán Castillo fue nombrado gobernador civil de Teruel, sustituyendo a Joaquín Velasco Rodríguez de Vera, abogado conservador nombrado por Cánovas del Castillo.

     El 20 de octubre, una comisión del Ayuntamiento de Alcañiz, compuesta por Francisco Sales, alcalde; Antonio Broc, primer teniente de alcalde, y Manuel Delgado, secretario de corporación municipal, marchó a Madrid para gestionar asuntos de la ciudad, entre ellos los problemas que había en la línea del ferrocarril de Val de Zafán.

 Amenazas al alcalde

    A finales de noviembre se presentó, en Alcañiz, el diputado provincial Francisco González, que entregó al alcalde una carta del gobernador para que dimitiera de su cargo y en el supuesto de no hacerlo, "usarían medidas de rigor". El alcalde respondió que por hallarse enfermo no podía desplazarse a la capital. El 22 de noviembre salió de Zaragoza una compañía de soldados del regimiento del Infante con destino a Alcañiz. Periódicamente, había una compañía que era relevada por otra para colaborar con las fuerzas de la Guardia Civil en el mantenimiento del orden, ya que el fraude por el precio del pan, la carestía y falta de trabajo por la paralización de las obras públicas, hacían temer posibles alborotos.

    El día 11 de diciembre, el gobernador envió un telegrama al alcalde de Alcañiz reclamando su presencia en el Gobierno civil.

    Al día siguiente, recibió otro telegrama amenazante que reiteraba la orden de presentarse: "Si en todo el día de mañana no recibo telegrama participándome su salida, daré orden sea sea conducido inmediatamente a este gobierno civil". El alcalde Manuel Sales excusó su presencia alegando hallarse enfermo. El gobernador le obligó a dejar el cargo en manos del primer teniente de alcalde y a que diariamente le mandara un certificado médico con el estado de la enfermedad. El alcalde en funciones, Antonio Broc, para evitar un conflicto que alteraría el orden público, dirigió un telegrama al ministro de la Gobernación, en la que calificaba de intolerable el atropello sufrido por el alcalde. Confiaba el edil, en que el ministro calmara al gobernador y evitara el desplazamiento del alcalde, al tiempo que reprobara su comportamiento autoritario.

    El periódico La Época, órgano del partido conservador, calificó de abusivos  los actos similares cometidos por los gobernadores por los gobernadores liberales en sus respectivas provincias, cuya inspiración atribuían al ministro de la Gobernación, sometido a la presión de los candidatos y caciques. Advertía de que las extemporáneas amenazas del gobernador de Teruel, podían degenerar un conflicto de orden público. Los ejemplares del del periódico Diario de Zaragoza del día 21 con el artículo "El gobernador de Teruel y el alcalde de Alcañiz" se agotaron en poco tiempo.

    El gobernador envió, sin avisar, a un delegado para inspeccionar la administración municipal alcañizana, con dieta de 15 pesetas a cargo del ayuntamiento. Por la ciudad, se esparció el rumor  que la Guardia Civil tenía orden de vigilar la casa del alcalde y apresarlo en cuanto saliera a la calle. En una reunión extraordinaria del Ayuntamiento, el delegado gubernativo explicó que su misión era buscar dimisiones o en caso contrario, procesar a los componentes de la corporación municipal. El alcalde dimitió. Pero como el gobernador persistiera en su actitud, al anochecer se reunió el Ayuntamiento con representantes de los partidos conservador, fusionista, carlista, federal y acordó la celebración de una manifestación para el día siguiente con el cierre de todas las tiendas de la ciudad.

 La manifestación del día 26

    A las 11, 30 se concentraron unas 2.000 personas que en manifestación ordenada recorrió las principales calles de la ciudad, presidida por por una pancarta llevada por los jefes de los partidos políticos representados en Alcañiz, Jerónimo Blasco, Díaz, Segura, Julián de Santapau y otros. El lema escrito en ella decía: "En defensa del derecho de Alcañiz a dirigir sus destinos, afirmamos nuestra adhesión al Ayuntamiento y nuestra protesta contra los políticos perturbadores". Frente a las gradas del ayuntamiento, hablaron: el jefe de los conservadores de Alcañiz, Jerónimo Blasco, sobre el ultraje cometido; el jurisconsulto Santiago Contel, antiguo republicano; y el carlista Pascual Aguilar, quien a pesar de oponerse al sufragio, dijo que solo haría uso de él para oponerse a los propósitos de la primera autoridad civil de la provincia . A la una del mediodía, terminó el acto sin que se produjera una contramanifestación por parte de los grupos disidentes concentrados junto a la iglesia. En la prensa, no se alude a gritos de contenido social durante la manifestación, a pesar de las dificultades del momento.

    La prensa conservadora y la independiente defendieron la posición de la corporación municipal. Se recordó, que el ministro de la Gobernación había prohibido a los gobernadores mandar delegados a los pueblos para investigar su administración para no coaccionarlos. Además, en el caso de Alcañiz, no había deuda municipal, disponía de una gran cantidad de trigo en los pósitos y en las arcas había de 12. 000 duros. Tampoco adeudaba dinero a los maestros de las escuelas de primera enseñanza (caso muy frecuente en los ayuntamientos de esos años, motivo que era usado para multar y destituir a los alcaldes de los pueblos opuestos a la política del gobernador). El alcalde fue nombrado por el jefe del Gobierno y ahora, el distrito no aceptaba la imposición de un candidato cunero bajo amenaza. La Época habló de los excesos de la política fusionista, al tratarse de una administración modélica en España, al tener cubiertas todas sus obligaciones.

    El Diario de Avisos de Zaragoza del 27 escribió que el alcalde había enviado su dimisión hacía tres días. Calificó el hecho de: "Acto arbitrario que merece graves censuras tratándose de quien lo ha ejecutado, que no es un personaje más o menos influyente de la provincia de Teruel, sino el propio gobernador. la representación del Gobierno con todos sus recursos y medios oficiales, con todos los vislumbres de la aristocracia y los recuerdos del cesarismo, con todos los abusos de poder y todas las más funestas corruptelas que tienden directamente a convertir en autómatas al cuerpo electoral, a quitar espontaneidad a las manifestaciones de la opinión pública y ...". Censuró al ministro de la Gobernación por tolerar con su silencio estos males que podían ocasionar violencias en el futuro, y añadía  que, "...En vísperas de las elecciones, las conferencias de los alcaldes con los gobernadores en los despachos de estos, tienen por experiencia añeja los caracteres de una imposición que humilla más a quien la aprovecha que a quien la sufre".

    Los liberales de Alcañiz, por medio de Aturo Serrano, respondieron con otra carta dirigida a los periódicos El País y Heraldo de Aragón, en la que rechazaban todo vínculo con los manifestantes, acusando a los carlistas locales de levantiscos, dispuestos a preparar un nuevo levantamiento como el ocurrido el año anterior en Castelnou mientras los carlistas alcañizanos les manifestaban su apoyo por las calles. Justificaban de este modo el comportamiento previsor del gobernador, que cuando tuvo conocimiento de la posible repetición de estos hechos, llamó al alcalde para recordarle que cumpliera con la ley de orden público y evitara las sanciones gubernativas. Respecto a la carta enviada por el teniente de alcalde al ministro, decían que fue escrita por un reconocido carlista, miembro de un ayuntamiento que no era adicto al Gobierno, con 7 concejales conservadores, 7 carlistas y un demócrata, por haberse retirado los liberales en la últimas elecciones. Calificaba de falsa la enfermedad del alcalde, pues había paseado por las calles durante la manifestación sin quejarse. En las últimas elecciones generales, los liberales superaron a los carlistas en 130 votos y en las elecciones a diputados, los carlistas fueron derrotados. Recomendaban más diligencia en la represión de orden público. La manifestación tuvo carácter conservador, jaleada por los carlistas. Descalificaba las supuestas amenazas del alcalde y criticaba la gestión del ayuntamiento, pues al inicio de su mandato, la renta de consumos tenía un superávit de 4.000 pesetas y ahora el déficit superaba los 10. 000.

    El día 30, La Alianza Aragonesa. periódico liberal vespertino arremetió contra los jaleadores de la manifestación, que consideraban un fracaso, que a pesar de haber elegido un domingo, y por ende, segunda Pascua de Navidad, no habían concurrido a la manifestación más que 2.000 protestantes en una población de 12. 414 habitantes. La Correspondencia de España, se sumó a las críticas  contra los manifestantes, que calificó de exigua, a la que acudieron elementos conservadores, que en aquel país siempre vivían en íntimo consorcio con los carlistas, que fueron los organizadores, para proteger al Ayuntamiento donde los carlistas gozaban de la mayoría, contra las medidas del gobernador.

    Antonio Broc respondió a las descalificaciones de la carta de los liberales, negando la agitación carlista y que el gobernador, al obligar a dimitir al alcalde y concejales, fue porque convenía a la candidatura del cunero Augusto Comas Blasco, rechazando la opinión pública representada por todos los partidos políticos de la población. Negó la la supuesta complicidad del ayuntamiento en los sucesos de Castelnou y su pertenencia al  partido carlista. Su candidatura como concejal fue propuesta en una candidatura de coalición en las últimas elecciones por el representante político de la ciudad, el liberal Juan José Gasca. Tampoco era cierto que el ayuntamiento fuera de mayoría carlista y que el retraimiento de los liberales en las últimas elecciones municipales se debió al miedo a sufrir una derrota vergonzosa.

Retorno a la normalidad

    El 11 de enero, la prensa volvió a publicar nuevos excesos liberales ocurridos en otros pueblos del distrito de Albarracín, como Barrachina, donde el alcalde era enemigo del cacique liberal que al mismo tiempo era diputado provincial, el cual fue obligado a dimitir por el gobernador que le impuso dos multas de 500 pesetas. El Diario de Zaragoza comparó a Teruel con el Riff, por el incumplimiento de la normativa municipal. El 4 de enero el gobernador había nombrado un nuevo ayuntamiento, presidido por el liberal Arturo Serrano, periodista y director del Bajo Aragón, saltándose el artículo 47, que prescribía efectuar una nueva elección en el plazo de 15 a 20 días después de la vacante.

    En las elecciones del 27 del mes de marzo, el candidato cunero Augusto Cimas Blanco venció  por una mayoría de 1.500 votos a José de Liñán, que había sido apoyado por los elementos carlistas, conservadores y republicanos del distrito.

    Artículo publicado en la revista Compromiso y Cultura nº 102.